La lucha de las trabajadoras sexuales para que se regule su actividad
La titular de Ammar, Georgina Orellano, en diálogo con La Noticia 1, explicó detalles de la demanda de la asociación de meretrices para que "el Estado argentino regule el trabajo sexual autónomo" y se "otorgue un marco legal para poder trabajar protegidas, con derechos y garantías como lo hace con otros mercados laborales". Además, reclaman "ser monotributistas para poder acceder a derechos laborales como una obra social y aportes jubilatorios". Exigen salir de la clandestinidad, dejar de ser presas de los abusos policiales y que no se las vincule con la trata de personas.
"Lo que reclamamos desde Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) a partir del año 2013 es que el Estado argentino regule el trabajo sexual autónomo y que nos otorgue un marco legal para poder trabajar protegidas, con derechos y garantías como lo hace con otros mercados laborales. Pedimos ser monotributistas como trabajadoras sexuales para poder acceder a derechos laborales como una obra social y aportes jubilatorios", contó Orellano.
Y agregó: "Otro de los propósitos del proyecto que proponemos es que las compañeras que trabajen en departamentos privados de manera cooperativa y autónoma cuenten con una habilitación y que el ente regulador sea el Ministerio de Trabajo, el cual contaría además con un registro único de trabajadoras sexuales.
De esta forma podríamos salir de la clandestinidad en la que estamos por un Estado ausente y por las políticas anti-trata que al confundir trata con trabajo sexual nos persiguen y le otorgan poder a la policía para que nos detenga y clausure nuestras fuentes de trabajo".
Con respecto al plano legislativo, la líder de la entidad indicó: "Hasta el momento hemos presentado 4 proyectos de Ley, el primero a nivel nacional en el 2013 con el senador Osvaldo López del Frente para la Victoria, quien hoy tiene mandato cumplido.
En el 2014 presentamos el proyecto de Ley en Mendoza con la diputada Lorena Saponara, también del Frente para la Victoria, todavía tiene estado parlamentario y está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura mendocina.
En Neuquén lo presentamos el mismo año con el legislador Rodolfo Canini de Nuevo Encuentro, en esta provincia tampoco ha perdido vigencia. En Santiago del Estero las compañeras lo presentaron por Mesa de Entrada y en Capital Federal lo presentamos con la legisladora María Rachid, del Frente para la Victoria".
"Es un tema muy complejo, muy susceptible y atraviesa bastantes cuestiones moralistas, desconocimiento e hipocresía. Muchos legisladores no conocen verdaderamente las problemáticas de las trabajadoras sexuales y la gran mayoría asocia trata con trabajo sexual.
Por eso es importante que se visibilicen nuestras voces, que comencemos a ser convocadas como organización y como trabajadoras sexuales a los debates. Cuando se prensó la política para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual nunca fueron escuchadas nuestras voces y hoy por hoy nosotras podemos dar cuenta y poner en agenda cómo la ejecución de esas políticas prohibicionistas a través de decretos provinciales y ordenanzas municipales tuvo un impacto negativo en el trabajo de nuestras compañeras.
Se les ha precarizado aún más y están trabajando en mayor clandestinidad, lo cual ha hecho que como organización perdamos contacto con muchas trabajadoras sexuales porque antes estos lugares estaban visibles y en la actualidad ya no lo están porque la gran mayoría de la provincias han prohibido el funcionamiento de cabarets y whiskerías", explicó Orellano.
A su vez, consultada sobre la situación en territorio bonaerense, sostuvo que "en la Provincia estamos trabajando con el diputado Gustavo di Marzio, legislador provincial, con quien nos hemos encontrado en distintas ocasiones. Él tiene voluntad para trabajar sobre todo en lo relacionado con vulneración de derechos y Violencia Institucional que sufren las compañeras trabajadoras sexuales en la provincia, una provincia que está atravesada por muchas problemáticas y donde cada municipio tiene su propia ordenanza".
"Por ejemplo, en el municipio de San Martín durante 2012 se reactivó una ordenanza municipal del año 1970 que prohíbe las casas de tolerancia y le otorga poder a la municipalidad para que a través de una denuncia o la identificación de casas donde se ofrezcan servicios sexuales, no importa si es de manera autónoma o en relación de dependencia, vayan a clausurarla. A las compañeras le cortan los servicios de luz, agua y se les llevan todas sus pertenencias. Hace poco trabajadoras sexuales de San Martín vivieron esta situación, desde la organización las acompañamos y fuimos testigas de la forma como les arrasan con todas las cosas y las dejan en una situación de extrema vulneración de derechos".
Luego el Estado no se hace cargo de qué pasa con las cosas de nuestras compañeras, se les clausura la vivienda y nadie va y les ofrece un refugio".