La CPM presentó informe sobre cárceles y DD HH: Piden que se revierta "política de crueldad y sufrimiento"
La Comsión Provincial por la Memoria presentó el informe sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez. Denuncian violaciones a los derechos humanos y rechazan la "mano dura" en política de seguridad. "Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir con dignidad. La seguridad es educación, salud y trabajo”, señaló el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
Más de 900 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y judiciales, familiares víctimas de violencia institucional, miembros de mecanismos de prevención de la tortura de América Latina, docentes estuvieron en la presentación del "Informe Anual 2018. El sistema de la crueldad XII" en el anexo del Senado bonaerense.
Entre ellos, estuvieron, el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, representantes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Gustavo Palmieri y Francisco Mugnolo, del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, y el juez suspendido Luis Arias.
"El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles de policías, ahora con 12 mil nuevos agentes, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir dignamente", expresó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
Cifras I: Tasa de detención, sobreencarcelamiento y sobrepoblación
Según cifras que recogió el organismo, a diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.
El sobreencarcelamiento dispara la sobrepoblación y el hacinamiento a niveles críticos, agregaron. Hay 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016. En las comisarías: 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso, lo que representa una sobrepoblación del 197%.
El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.
Cifras II: Tortura y muertes
Asimismo las graves condiciones de detención son la condición de posibilidad para la práctica de la tortura, según remarcaron, que sigue ejerciendo de manera sistemática en todos los lugares de encierro: Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Más de 160 en cárceles, 22 en comisarías –entre ellos, los siete jóvenes víctimas de la masacre de Pergamino.
Otras 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas. En 2017, hubo también 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio.
La selectividad del sistema penal - agregaron - también se expresa en las causas judiciales que investigan graves vulneraciones a los derechos humanos y a las estructuras institucionales que contienen a los agentes investigados. Entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones: sólo 37 causas fueron caratuladas como torturas. En el resto se utilizaron calificaciones más leves con expectativa de pena muy baja. El 97% de las causas ya fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos.