Su marido murió en El Repunte, quedó sin trabajo en cuarentena y la desalojaron de su casa porque la Justicia no autoriza su pensión
Silvia de la Hoz, viuda de Marcelo Islas, tripulante desaparecido del Repunte, tuvo que abandonar con sus 3 hijos la casa en la que vivió 22 años. La mujer se quedó sin trabajo en medio de la pandemia y su familia subsiste como puede. Hace 39 meses que espera que la Justicia firme la presunción de fallecimiento para poder iniciar los trámites de cobro de pensión y cobrar el dinero de la ART. En 2019 fue recibida por los 3 principales candidatos a Intendente en Mar del Plata, pero tras las elecciones ninguno la volvió a llamar.
POR CHRISTIAN THOMSEN HALL
El drama de Silvia
Silvia de la Hoz tiene 48 años y hasta hace 3 años vivía feliz junto a su familia en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, la negligencia empresarial y la ausencia total del Estado le cambiaron su vida para siempre. El 17 de junio de 2017, su marido Marcelo Isla desapareció en la tragedia de El Repunte, el buque pesquero marplatense que, en plena temporada de langostinos, se hundió en aguas patagónicas a la altura de la localidad de Rawson. A partir de ese día, su vida cayó en la desgracia.
La mujer tuvo que salir a trabajar de sol a sol para mantener a sus 3 hijos, cobrando por hora a cambio de limpiar casas. Hace 39 meses que espera que la Justicia firme la presunción de fallecimiento para poder iniciar los trámites de cobro de pensión, que tarda en salir al menos otros 6 meses más. El juez tampoco firmó el papel correspondiente para que pueda retirar el dinero de la ART. Por si fuera poco, se quedó sin empleo en medio de la cuarentena por coronavirus y en los últimos días fue desalojada de la casa que alquilaba desde hace 22 años en el barrio Las Avenidas ante la imposibilidad de seguir pagando. En consecuencia, ahora vive en un pequeño dormitorio que le brindó su hermana, donde duerme junto a sus tres hijos, y tuvo que regalar muchas de sus pertenencias porque no consiguió lugar donde guardarlas.
"Nos tuvimos que ir de la casa que alquilábamos hace 22 años. Ya arrastraba más de un año de deuda de alquiler, el dueño me aguantó hasta donde pudo y lógicamente la situación fue inevitable porque no la podíamos sostener más. Más de una vez ya me habían cortado la luz por falta de pago y en los últimos días, el dueño nos pidió que dejemos la propiedad", relató Silvia a LaNoticia1.com. En medio del drama, una de sus hermanas le ofreció ocupar el único espacio libre que tiene en su casa, un pequeño dormitorio en el que ahora la mujer duerme junto a sus tres hijos: Una joven de 23 años y dos varones de 15 y 13. "Luego de lo que fue el dolor por la pérdida de mi marido, hoy me toca atravesar otro difícil momento en la vida por culpa de la Justicia. Tuvimos que desprendernos de muchas pertenencias materiales por no contar con espacio para llevarlas. Muchas de ellas hasta tuvimos que regalarlas", lamentó la mujer ante los micrófonos de este portal.
Otros tiempos: Silvia junto a Marcelo y sus hijos.
La pandemia por coronavirus, un agravante de la tragedia
La ciudad de Mar del Plata es una de las que registra mayor índice de desocupación en todo el país y con la llegada de la pandemia por coronavirus, la situación empeoró aún más. "Hace mucho tiempo yo trabajaba por hora limpiando casas pero a partir de la muerte de mi marido tuve que salir a trabajar todo el día para poder manetener a mi familia. Sin embargo, desde que comenzó la cuarentena nadie más me volvió a llamar. Recién en junio, a través de una amiga, conseguí un trabajo de limpieza y cuidando a una señora mayor al que iba dos veces por semana, pero con el rebrote de casos de Covid-19 que se registró en la ciudad, el hijo me avisó que prefería que no continúe yendo.
La falta de Justicia y la ausencia del Estado
Silvia lamenta la lentitud de la Justicia, que durante estos tres años le impidió acceder a sus derechos y la empujó hacia la calle: "De los 7 desaparecidos del Repunte, a una sola familia se le aprobó la presunción de muerte y pudo hacer el trámite para cobrar la pensión. Mientras tanto, las otras 6 familias todavía seguimos esperando respuestas por parte del juez que por algún motivo se demora en firmar los papeles".
La viuda de Islas también relató la desprotección total por parte de la empresa la empresa Ostramar S.A, del Grupo de Luis Caputo, dueña de la vieja embarcación que se hundió en 2017. La empresa solamente pagó los dos viajes de los familiares de las víctimas de Mar del Plata a Rawson, cuando todavía se hacían las búsquedas de los cuerpos. A los días les pagaron las pertenencias de los operarios por un valor de apenas 10 mil pesos y cuando les liquidaron el salsario, sus familiares se llevaron una sorpresa: "A mi marido le descontaron 16.563 pesos con 17 centavos en concepto de la comida que la empresa le suministró a los marinos en ese último mes. Parecía una tomada de pelo que en medio del dolor por la pérdida de nuestros familiares, a mi marido fallecido le hayan descontado el almuerzo".
De acuerdo a lo que precisó Silvia, luego de la tragedia, la empresa ofreció darle una suma de dinero por única vez a las familias bajo la condición de que firmen un documento en el que renunciaban a iniciar acciones legales, sin embargo los familiares no accederieron. "A partir de ahí, nunca más tuvimos contacto con la empresa. Ni asistencia financiera, ni ayuda psicológica, ni nada. Desaparecieron", explicó.
Desgarrador: Matías, el hijo menor de la familia, en 2017 tomó un megáfono y llorando pidió por la aparición de su papá.
Los políticos se aprovecharon durante la campaña
Durante estos años, la mujer recordó que en reiteradas ocasiones los familiares del Repunte fueron recibidos por distintos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, pero los encuentros no pasaron de una foto y promesas de soluciones que nunca llegaron. "Todos nos recibieron, todos anotaron en sus papelitos pero la ayuda nunca llegó", señaló Silvia. "El año pasado hemos hablado con el exintendente Carlos Arroyo. En plena campaña también hablamos con el candidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro (actual jefe comunal) y con la candidata del Frente de Todos, Fernanda Raverta (actual directora ejecutiva de la ANSES). Todos nos recibieron, todos anotaban en un papelito pero después nunca más nos llamaron", se quejó De la Hoz, quien reflexionó: "El político en campaña, sea del partido que sea, alza el nene, revuelve la olla, toma el mate y cruza el charco. Pero una vez que sale electo y llega al cargo, ni alza al nene, ni revuelve la olla, ni toma mate ni cruza el charco". Al ser consultada sobre qué mensaje les daría al Gobernador y al Intendente, dijo: "Les pediría que por favor articulen todo lo que esté a su alcance para que la Justicia me entregue la presunción para que podamos empezar a cobrar la pensión de mi marido".
Por último, Silvia clamó por sus derechos: "Yo no tendría que estar pasando por este momento. Porque si tuviera la pensión estaríamos en mi casa y con todas nuestras pertenencias que ahora tuvimos que regalar por falta de espacio. Por suerte tengo una hermana que me dio un lugar y a la cual le he invadido su casa. Pero si tampoco contara con la ayuda de ella, hoy directamente estaría en la calle". "Yo exijo nada más ni nada menos lo que me corresponde a mi y a mis hijos. Lo que estoy viviendo con mi familia es consecuencia de la burocracia de la Justicia que no quiere firmarme un papel para que podamos cobrar la pensión", concluyó.
Uno de los murales que se pintaron en Mar del Plata en homenaje a los desaparecidos de El Repunte.
La empresa cobró el seguro pero no le paga a los familiares
En mayo de 2019, las familias de las víctimas de El Repunte se enteraron de un nuevo revés en su lucha por la búsqueda de justicia y reparación: La empresa Ostramar y la armadora Marisol, pertenecientes al empresario fallecido Luis Caputo, cobraron todo el seguro por el hundimiento de la embarcación, mientras que los familiares de los marineros desaparecidos siguen esperando que los accionistas del grupo empresarial respondan por su responsabilidad. "Con esto se consolida el negocio de la muerte", ratificó en aquella ocasión uno de los abogados de las familias.
Las familias de los diez tripulantes fallecidos perdieron desde aquel 17 de junio de 2017, no sólo a sus seres queridos, sino también en muchos casos la principal fuente de sustento económico, por lo que hoy en día tienen serios problemas para enfrentar el día a día. A la imposibilidad de tener las pensiones correspondientes, se le sumó el año pasado la confirmación de que los empresarios tenían hace doce meses una cifra superior al millón de dólares del seguro del casco, que fue abonada por la compañía Mapfre, y que claramente no fue utilizada para pagar las indemnizaciones.
Cabe recordar que desde el comienzo de la investigación, los familiares de las víctimas de El Repunte acusaron a la empresa por las deficientes reparaciones del viejo buque y a la Prefectura por lo que entienden son ineficaces controles a los cascos de las embarcaciones del Grupo Caputo. En ese sentido, los acusaron de haber parchado un "rumbo" de un metro por un metro en forma precaria, lo que habría sido el desencadenante del hundimiento.
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