Denuncia de Nisman: Cuál es la imputación a Cristina
La Jefa de Estado comenzará a ser investigada por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. El fiscal federal Gerardo Pollicita fue quien dispuso la medida que también alcanza a Timerman, Larroque, D'Elía y Esteche.
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De acuerdo a la presentación realizada, se investigará la existencia de un plan delictivo destinado a brindar impunidad a los imputados iraníes acusados de organizar el atentado terrorista a la AMIA en 1994, para que eviten ser interrogados por la justicia argentina.
Asimismo, expresa que habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por "altas autoridades del Gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros", hecho constituído como un accionar criminal configurativo.
Los implicados en el encubrimiento son el piquetero Luis Ángel D`Elia; el líder de Quebracho, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro Yussuf Khalil, el Diputado Andrés Larroque, Héctor Luis Yrimia y un sujeto identificado como Allan "que sería Ramón Allan Héctor Bogado, sin que pueda descartarse la intervención de otros funcionarios y/o particulares en la maniobra objeto de denuncia".
Según estipula, todos los sujetos están imputados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El plan de encubrimiento habría sido llevado a cabo para establecer relaciones comerciales con el Gobierno de Irán a cambio de desviar la investigación de la AMIA que, en la denuncia de Nisman, fueron comprobadas a través de escuchas telefónicas.
"La maniobra para liberar a los imputados iraníes de la acusación tenía previsto no sólo la desvinculación de la causa, sino también que otros responsables inventados ocuparan su lugar, para cerrar el círculo de la impunidad a cualquier costo", advierte Pollicita.
Cabe destacar que la figura de encubrimiento prevé una pena de seis meses a tres años de prisión, con la agravante que eleva al doble de su mínimo y máximo, cuando el autor del hecho fuere funcionario público.
