Denuncian maltratos contra travestis en cárceles provinciales
Tras una carta emitida por internas de la Unidad 32 de Florencio Varela, el Comité contra la Tortura presentó un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Penal de Azul. Manifiestan que existen situaciones de violencia sexual y física y traslados arbitrarios como reprimenda.
El coordinador del Comité Contra la Tortura y miembro de la comisión provincial por la Memoria, Dr. Roberto Féliz Cipriano García, confirmó a La Noticia 1 que fue realizada una presentación judicial ante el tribunal de la ciudad de Azul, denunciando situaciones de violencia física y sexual y traslados arbitrarios que sufren personas trans y travestis.
“Nosotros tomamos conocimiento de lo que está sucediendo por una carta que enviaron detenidas en el penal 32 de Florencio Varela, que denunciaban haber sufrido acciones de violencia sexual, psicológica”, manifestó Cipriano García, adelantando que esperan que para el viernes "se emita una resolución judicial sobre lo presentado”.
Según relató el coordinador del organismo perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria, “el pedido inmediato es que se encuentre una solución a los traslados arbitrarios”, los que, aseguró, se efectúan como represalia ante la negativa de las víctimas para acceder a pedidos de las autoridades penitenciarias.
Un comunicado emitido por el Comité expresa que el Jefe del Penal de la Unidad 32 obliga “a tener sexo con él, y con su personal”, los cuales efectúan “torturas psicológicas y físicas, aberraciones y manoseos”. El texto señala también que no acceder a dichos martirios tiene la pena del traslado.
“Los envíos a otras dependencias son una problemática común en las cárceles porque obligan al detenido a estar lejos de sus familiares y seres queridos, con todo lo que ello conlleva”, explicó Cipriano García, poniendo como ejemplo el caso de una detenida que sufre de VIH “y este tipo de medidas hacen que muchas veces estas enfermedades se agraven por malestares psíquicos como la depresión”.
Una de las firmantes de la carta recibida por la organización expresó textualmente: “Soy una persona portadora de VIH y no recibo atención médica, este penal no cuenta con un infectólogo, no recibo la medicación que tengo que tomar por mi problema de salud no recibo la dieta que tendría que tener”.
Cipriano García señaló que, más allá del recurso de hábeas corpus colectivo presentado, la Justicia de Azul abrió una causa penal para iniciar una investigación más profunda de los hechos denunciados.
