Massot en el banquillo: El director de La Nueva Provincia declara en causa por delitos de lesa humanidad
El exfuncionario menemista y defensor de la dictadura militar desde el diario de Bahía Blanca La Nueva Provincia, Vicente Massot, deberá prestar declaración indagatoria este jueves ante la justicia federal, en el marco de una causa por violación a los Derechos Humanos perpetrada durante el Terrorismo de Estado. Está acusado de ser coautor de dos homicidios y de ejercer acción psicológica por el "ocultamiento deliberado de la verdad". Organizaciones sociales realizarán una manifestación fuera de los tribunales.
Massot deberá presentarse en la audiencia prevista para las 8.15 ante el magistrado Alvaro Coleffi en el Juzgado Federal ubicado en Alsina 317.
El director del diario bahiense "La Nueva Provincia" se incorpora de este modo a la lista de civiles y empresarios -como el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier; y el extitular de firmas de transporte de pasajeros Marcos Levin- que son llevados ante la justicia por sus posibles vinculaciones con delitos de lesa humanidad.
Massot está acusado de formar parte, "junto con los mandos militares" de "una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales".
El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
Además, se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Este jueves será la tercera vez que Massot estará frente a un juez Federal, ya que el pasado 18 de marzo debió presentarse a una citación en cumplimiento de un fallo de la Cámara Federal local de noviembre del 2013, imputado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos como integrante de una "asociación criminal" con las fuerzas armadas.