Saqueos: Denuncian a cúpulas policiales de ocho provincias
La presentación apunta contra los jefes uniformados de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Salta. Dos abogados platenses son los autores de la denuncia en la que acusan a los efectivos de "asociación ilícita y amenazas". Piden que se cite a declarar como testigos al Gobernador De la Sota, el Jefe de Gabinete Capitanich y al Secretario de Seguridad Berni.
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La Justicia Federal fue la destinataria de esta presentación judicial contra los jefes uniformados de ocho fuerzas que protagonizaron protestas en los últimos días, que derivaron en saqueos. Se trata de las cúpulas policiales de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Salta.
Los abogados Darío Saldaño y Jaqueline Kuratich acompañaron como pruebas los tweets de la Presidenta Cristina Fernández además de artículos periodísticos que reflejaban la situación en las distintas provincias, según da cuenta el portal Diagonales.
En la presentación se detalla que "más allá de la supuesta 'espontaneidad' de los saqueos, las fuerzas de seguridad que posibilitaron dichos delitos, se encuentran jerárquicamente organizadas con una estructura piramidal y una organización del tipo militar".
Al hablar sobre los saqueos la Jefa de Estado apuntó a dirigentes, quienes presuntamente organizaron todo, y a la extorsión de la Policía, que desprotegió a la ciudadanía.
Saldaño y Kuratich pidieron que sean llamados a declarar como testigos el Gobernador cordobés, José Manuel De la Sota; el Jefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich, y el Secretario de Seguridad Sergio Berni, para que expliquen "sobre la situación en dicha provincia desde el día 4 de diciembre en adelante, la identificación de personal policial que incumplió sus funciones, sanciones preventivas, sumarios, o cualquier otra medida disciplinaria que se haya instrumentado a raíz de los presentes hechos, actuaciones judiciales en las cuales hayan identificación positiva de personas que participaron en los saqueos, y vinculaciones políticas entre los saqueos y huelgas policiales".
Las figuras de asociación ilícita y amenazas establecen penas de "tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión" para la primera y de cinco a diez años de prisión o reclusión "si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".
