Servicio Penitenciario: Graves denuncias y reconocimientos de la ONU
Mientras presos de una unidad penal denunciaron que son obligados a robar por miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, con ropas del organismo, armas, drogas y teléfonos provistss por los guardiacárceles, la Organización de Naciones Unidas celebró las alcaidías departamentales y el programa casas por cárceles.
El Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Ricardo Casal recibió una de cal y una de arena en los últimos días, luego de que recibiera serios cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, la oposición, parte del Gobierno nacional y el apoyo incondicional del Gobernador Daniel Scioli.
Por un lado, un matutino porteño crítico con su gestión publicó la denuncia de tres presos de la Unidad Penal N° 48 que aseguraron que son obligados a salir a robar automóviles, con armas, ropa, drogas y teléfonos celulares provistos por personal de esa cárcel.
Los denunciantes presentaron fotos y videos como prueba, que tomaron con los celulares provistos en los que aparecen vestidos con uniformes del SPB y detallaron que dentro del penal funciona un desarmadero de vehículos para el mercado negro de autopartes.
Uno de los presos que realizó la denuncia dijo que por cada "trabajo" les pagaban entre mil y mil 500 pesos, según el auto a robar y que les sumaban conceptos favorables en sus legajos. La denuncia inicial partió de un detenido que se negó a seguir colaborando y cuya mujer fue violada.
A su vez, la Comisión del Delito de la ONU destacó la implementación de dos programas que fueron diseñados y puestos en marcha en el Ministerio desde la gestión Casal.
Se trata de "alcaidías departamentales" y "casas por cárceles", que fueron considerados por el organismo como "el comienzo de una nueva era, en la que los prisioneros puedan sentirse 'como en casa', respetando los derechos humanos y gastando menos dinero que si los países invirtieran en la construcción de modelos de prisión tradicionales".
El informe detalla que "en términos económicos, el gobierno gastará tres millones de dólares en la construcción de casas para mil personas, mientras que la construcción de una prisión convencional costaría cincuenta millones de dólares".