Junín deberá pagar $ 800 por día por arsénico en el agua
Lo dispuso el Juzgado Civil y Comercial N° 4 que tiene a su cargo la causa que obligó al Gobierno de Mario Meoni a cumplir con una serie de obras para solucionar la problemática. La Jueza Panizza consideró de "cumplimiento parcial" lo dispuesto por la Corte Suprema de la provincia al respecto. Desde el Municipio acusaron a un grupo de abogados de buscar un beneficio económico surgido de sus honorarios.
La presencia de arsénico en el agua potable para consumo ciudadano del distrito de Junín sigue generando dolores de cabeza en el Intendente cobista Mario Meoni, cuyo gobierno deberá pagar ahora unos 800 pesos diarios de multa, tras una decisión de la Dra. Laura Panizza, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de ese distrito.
La medida judicial considera que hay "un cumplimiento parcial de la condena" dispuesta en su momento y ratificada por la Corte Suprema bonaerense contra el Municipio, que obliga a desarrollar una serie de obras tendientes a paliar la situación, valuadas en 7 millones de pesos.
La decisión señala como "insoslayable el plazo transcurrido en el fallo judicial que se encuentra firme sin haberse completado lo ordenado”. Se trata de 90 días desde que fuera rechazada la medida cautelar interpuesta por el Gobierno, cuyas autoridades habían indicado como "insuficientes" para llegar a una solución.
Además, la Jueza solicita al Organismo de COntrol de Aguas de la provinica que informe si Junín cumple con el plan presentado respecto de las obras.
Desde el Municipio indicaron que están cumpliendo con las obras planificadas y que “se está llevando a cabo con dinero que proviene de las mismas cuentas municipales de donde saldrá la multa” y se quejaron porque la decisión judicial "conspira contra la posibilidad de llevar adelante el programa de trabajo", según detallan en un comunicado.
Además, desde el Gobierno de Meoni apuntaron contra un estudio jurídico de la ciudad: “Este Municipio siente la necesidad de informar que esta resolución con sanción pecuniaria se origina a partir de la solicitud de los actores Juan Carlos Boragina, Marcelo Fabián Miano y Juan Ignacio Iudica (con domicilio constituido en el Estudio Jurídico del ex concejal del MID Jorge Messa)".
Acusan a los abogados de "ponerle valor monetario al juicio con el único objetivo de cuantificar en elevado monto sus honorarios personales” y aseguraron que "más que buscar la solución del problema, esta situación le genera uno más al Municipio y a la sociedad en su conjunto.