ADC apoya pedidos de inconstitucionalidad contra la reforma al Consejo de la Magistratura

La ADC se presentó como "amigo del tribunal" en diversas causas iniciadas en los fueros electoral y contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, en apoyo a la posición de los accionantes que solicitan la declaración de inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley N° 26.855 sobre Consejo de la Magistratura, según informaron desde la asociación.

 

Indicaron que el nuevo sistema de elección de la totalidad de los integrantes del Consejo mediante sufragio universal elimina el "equilibrio" que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional entre quienes representan a los órganos políticos y quienes representan a los jueces y abogados de la matrícula federal y las personas provenientes del ámbito académico y científico. 

 

"Si el artículo 114 se refiere a los órganos políticos como 'resultantes de la elección popular', es forzoso concluir que los restantes representantes 'jueces', 'abogados' y 'personas del ámbito académico y científico', no pueden ser resultantes de dicha elección sino de la realizada exclusivamente por los integrantes de las respectivas órdenes de jueces, abogados y académicos, tal como ocurre bajo la legislación actual", señalaron desde la ADC. 

 

El amicus de la ADC también afirmó que la eliminación de las mayorías agravadas para decidir sobre la suspensión y remoción de magistrados afecta el derecho de los jueces a la estabilidad en sus cargos. Con la reforma, dicha estabilidad dependerá de la discrecionalidad de los poderes políticos lo que afecta de manera flagrante la independencia del Poder Judicial y, consecuentemente, el derecho de los habitantes a una tutela judicial efectiva mediante una justicia independiente e imparcial que nuestra Constitución procura resguardar.

 

Asimismo, la asociación sostuvo que la mayor intervención del electorado en la elección de los miembros del Consejo no asegura la validez de la ley. Y recuerda que, si bien las mayorías electorales tienen, en nuestro sistema constitucional, el derecho a gobernar, tal potestad no puede dejar de lado las disposiciones constitucionales específicas en materia de la organización de los poderes ni los derechos individuales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.