Caso Ciccone: Demandan a la Inspección General de Justicia por negar información pública
La Asociación por los Derechos Civiles patrocinó una acción de amparo por la falta de respuesto de la IGJ a pedidos de acceso a información efectuados por el Diputado Gil Lavedra. El legislador pidió el detalle de las sociedades comerciales vinculadas a la imprenta que fue recientemente expropiada.
En febrero y marzo de 2012, el Diputado Gil Lavedra presentó dos pedidos de acceso a la información sobre la composición accionaria de diversas sociedades vinculadas al llamado caso Ciccone. En particular, se solicitó acceder al estatuto de diversas sociedades comerciales inscriptas en el Registro Público de Comercio, así como a datos sobre su integración accionaria, de sus órganos de gobierno, entre otros.
Los pedidos no fueron contestados e incluso en junio la IGJ publicó en su página web que para acceder a información de sus registros se debería acreditar ser parte interesada o demostrar tener un interés legítimo, requisitos incompatibles con el derecho constitucional a acceder a la información pública.
Es por el ello que la Asociación por los Derechos civiles patrocinó una acción de amparo que recayó en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo del Juez Esteban Furnari. El mismo cuestiona la negativa de la IGJ a entregar información pública y los argumentos de la Dirección Nacional de Datos Personales utilizados para fundar esa negativa.
Es que para la ADC patrocinante del recurso, la DNDP postula una interpretación del régimen de acceso a la información pública que no analiza adecuadamente los intereses constitucionales en juego, no valora el rol que el acceso a la información cumple en una sociedad democrática y resulta en una restricción ilegítima de ese derecho constitucional.
