Caso Urbani: Jueces se defienden y denuncian presiones políticas
La Red de magistrados penales bonaerenses salió al cruce de las amenazas de Jury contra el Tribunal que postergó la condena de los asesinos de Santiago Urbani y avaló la polémica resolución.
Tras el fallo que postergó la condena a los culpables de asesinar a Santiago Urbani en 2009, las voces de protesta contra el Tribunal de San Isidro se han multiplicado. Por esta razón, la Red de Jueces Penales bonaerenses salió al cruce de las declaraciones de funcionarios y políticos, defendió a los magistrados Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez, y denunció presiones.
Desde el organismo advirtieron que las amenazas de juicio político realizadas por funcionarios ''es una presión indebida'' y ''contraria a la República''.
El Intendente de Tigre Sergio Massa, apoyado por familiares y amigos de la víctima, había sostenido que analizaba la posibilidad de iniciar un Jury contra los magistrados del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil.
Bajo la consigna: "Presiones e interferencias políticas lesionan la independencia del Poder Judicial bonaerense", la Red salió a defender a sus colegas.
"Las declaraciones que repudiamos son, asimismo, especialmente graves, al pretender vincular la sentencia dictada en el caso Urbani con una 'sensación de impunidad', pues se machaca malintencionadamente sobre un sentimiento popular a partir de una falsedad atento que el hecho ventilado en ese juicio ocurrió el 10 de octubre de 2009 y, en el término menor a un año, ya se realizó un juicio oral y público, tras el cual se declaró probado la existencia del delito y se hizo un juicio de responsabilidad sobre los dos menores imputados", argumentaron desde la Red.
"Hablar de impunidad sólo contribuye a quebrar la paz social, que el funcionario público tiene el deber de fomentar y consolidar", agregaron en un documento firmado por el Presidente de la organización Esteban Viñas y su Vicepresidenta Adriana Nanni.
Para la Red, las amenazas "también implican una intimidación indebida a los magistrados que integren el Tribunal de Alzada y que deberán intervenir en la apelación, para que adhieran a criterios que exponen los funcionarios ajenos al Poder Judicial, a quienes no compete interpretar la ley de fondo para aplicarla al juzgamiento de ciudadano alguno".
"Bajo las actuales circunstancias, las insistentes presiones y amenazas dirigidas a los jueces penales del Poder Judicial de un estado de derecho, a la par que nada resuelven respecto del acuciante problema de la inseguridad, constituyen una grave afrenta, un verdadero asedio, al sistema republicano, que sentimos el deber moral de hacer conocer a todas las personas de buena voluntad", finalizó la Red.
