Cayó en el Conurbano la confianza en el Gobierno, el Congreso y la Justicia, según Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un diagnóstico sobre la percepción de los ciudadanos sobre las instituciones democráticas. El estudio, realizado junto a la UCA, mostró que en el Conurbano existe una generalizada desconfianza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así también respecto a las fuerzas de seguridad.
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El estudio que el organismo elaboró junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), determinó que la confianza en el Gobierno nacional alcanza al 26% de la población del Conurbano, más de dos puntos por debajo de la media nacional, que se ubica en el 28,4%.
"Si bien hay un consenso generalizado a la hora de ver a la democracia como el mejor sistema de gobierno, esta percepción no se ve reflejada en la visión que la gente tiene respecto a los actores e instituciones que forman parte de ella", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En el caso del Poder Legislativo, este índice se hace visible en sólo el 15,5% de los habitantes (contra un 17,3% de la media nacional). Con la Justicia sucedió algo similar, donde cree en ella el 9,6% (contra 11,7% a nivel país). A su vez, apenas el 18,4% considera que los jueces son imparciales.
Al analizar la visión que tienen los ciudadanos del Conurbano respecto a la policía y a la Gendarmería, la confianza alcanza al 25,1% de ellos, una cifra notablemente menor a la que se percibe en el total nacional, que fue del 32,6%.
El trabajo reconoce una profundización de las brechas sociales, donde la mayor desconfianza se da en los sectores pobres, indigentes y que residen en villas y asentamientos precarios, con mayor incidencia a su vez en el sur y el oeste del Conurbano.
"Queda claro que uno de los principales desafíos que se presentan es lograr un acuerdo social capaz de reunir a la dirigencia política y a la ciudadanía alrededor de la consolidación de una democracia capaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales", puntualizó Lorenzino.
