Comisión por la Memoria criticó las políticas de seguridad de Scioli
En una reunión, le solicitaron al gobernador más fondos para la implementación de la Ley de Promoción de Derecho a la Niñez. Acordaron reactivar la Bicameral de Seguridad y la creación de una policía judicial. "La exclusión social y la policía son parte del problema".
Desde la Comisión por la Memoria provincial le exigieron al gobernador bonaerense Daniel Scioli "políticas de Estado" referidas a "inclusión social" para brindar mayor seguridad y le pidieron que admita que la Policía y el Servicio Penitenciario "son parte del problema" de inseguridad.
En una reunión conjunta, avanzaron en las políticas públicas de seguridad y en las políticas de niñez en la provincia, y la administración bonaerense aceptó poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Seguridad en la Legislatura y, además, crear una policía judicial dependiente de la Suprema Corte, entre otros proyecto.
"El diseño y la concepción de una política de seguridad ciudadana no puede disociarse de una política de integración social. Como lo indica el informe anual que próximamente presentará la Comisión, los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de éstos los que integran las franjas etarias comprendidas entre los 14 y 25 años. El accionar policial resulta el eslabón del sistema penal que provoca mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en la provincia con detenciones y requisas ilegales o razzias masivas", sostuvo Cañón tras finalizar la audiencia.
Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo, Pérez Esquivel, señaló: "La mayoría de las cárceles están repletas de jóvenes detenidos por un uso masivo de la prisión preventiva y ello no devino en mayor eficacia en la persecución del delito complejo: desarmaderos, trata de personas, tráfico de estupefacientes. Es necesario fortalecer políticas sociales haciendo visible la presencia de un Estado que busque integrar y contener a los niños y jóvenes de los sectores populares que hoy aparecen estigmatizados y sospechados por el solo hecho de serlo".
Los planteos básicos de la Comisión por la Memoria se enfocaron en que para mejorar la seguridad es necesario construir políticas de Estado que reconozcan que la exclusión social y los aparatos de las propias fuerzas de seguridad son parte del problema. Al respecto planteron que el poder civil retome la conducción de la seguridad argumentando que esas atribuciones no pueden depositarse en un jefe policial.
También hicieron hincapié en la superpoblación carcelaria y las condiciones en la que viven los presos, situación que ya había alertado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Sigue habiendo tortura en las cárceles de la provincia. Tenemos que repetirlo, es un punto inclaudicable", sentenció Fortunato Mallimaci.
Los representantes de la Comisión que participaron del encuentro fueron Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Alejandro Mosquera, Aldo Echegoyen, Elisa Carca, Fortunato Mallimaci, Mauricio Tenembaun, Emilce Moler, Susana Méndez, Carlos Sánchez Viamonte, Verónica Piccone, Ana Cacopardo y Roberto Cipriano García.
En representación de la provincia estuvieron, aparte del Ejecutivo, el Jefe de Gabinete Alberto Pérez, el Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, el Ministro de Desarrollo Humano y Trabajo, Baldomero Álvarez de Olivera.
