Comisión por la Memoria mostró "preocupación" por el "avance de la mano dura"
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que conducen Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón se manifestó en contra del proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad. Desde la entidad también criticaron los operativos de seguridad con gendarmes y prefectos y la creación del Ministerio de Seguridad en territorio bonaerense. Alertaron sobre el "avance de la mano dura" a nivel nacional y provincial. Calificaron de "efectista" y "demagógica" la decisión de Scioli de desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad.
:format(webp):quality(40)/https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/files/00000ges.jpg)
Con respecto a las últimas medidas que el Gobierno Nacional y provincial realizaron en cuanto a la seguridad tras la derrota en las PASO, desde la CMP salieron a manifestarse: "Sostenemos que éstas, lejos de resolver la problemática del delito la incrementan, al profundizar la delegación de la seguridad en las fuerzas policiales. Por eso nos alertamos ante las recientes medidas y propuestas surgidas de distintas esferas del poder político".
"El esquema de saturación territorial, con la policía de la provincia de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, constituye un dispositivo orientado a controlar a los sectores pobres, centralmente jóvenes, en base a la táctica de la sospecha y fundado en la construcción de un estereotipo que liga la pobreza con el delito", agregaron mediante un comunicado.
Y le apuntaron hacia la irrupción de la Gendarmería de la cual destacaron que es "una fuerza federal creada con objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población civil, genera prácticas violentas que se registran en su actuación de saturación territorial, y va construyendo un imaginario social que comienza a naturalizar la presencia entre la población civil de una fuerza con una impronta marcadamente militarizada que excede el rol policial".
En tanto, con respecto a la reinstalación del debate sobre la baja de edad de imputabilidad, recordaron: "Entre 2008 y 2010 esta discusión se impuso a través de la agenda mediática y recibió un fuerte apoyo del gobernador Scioli y su ministro Ricardo Casal. El rechazo colectivo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue determinante para que no prosperara".
"Contundentes argumentos permitieron visualizar que la baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito", añadieron desde la CPM.
"Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan; y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños", remarcaron.
"Asistimos a una paradoja cruel: No garantizar derechos lleva a que estos niños arrastren consigo las características gestuales, de enfermedades, subalimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa que precisamente los coloca en el perfil de los ‘otros’ peligrosos que se quiere perseguir y controlar", agregaron.
Por otro lado, sobre la decisión del Gobernador de desdoblar de los ministerios de Justicia y Seguridad, sostuvieron que la medida "se da en el marco de estas respuestas coyunturales efectistas y evidencia la profundización de un discurso demagógico que sigue proponiendo respuestas simples ante fenómenos complejos".
"El principal desafío es la democratización de las fuerzas policiales. Se debe garantizar un esquema de conducción político-civil, la profesionalización y definición de su función en términos de prevención y la transformación del actual esquema de intervención, que se apoya en la gestión territorial del delito en base a prácticas ilegales y violentas", finalizaron.
