Diálisis: Desde el sábado no habrá más prestaciones para 1500 pacientes carenciados
La suspensión del servicio fue anunciada por la Confederación de Asociaciones de Análisis de la República Argentina. Las deudas que mantienen el estado nacional por más de 250 millones de pesos obligó a los prestadores a tomar la drástica decisión que afecta a los pacientes sin recursos económicos comprendidos en el programa que se denominaba Profe y ahora se llama "Incluir Salud".
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La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) advirtió que desde el próximo sábado, 200 centros de diálisis privados no brindarán más atención a pacientes pertenecientes al programa federal (Profe) denominado ahora como "Incluir Salud". El motivo obedece a una deuda que el Estado nacional mantiene desde abril de 2017 con los prestadores y por más de 250 millones de pesos.
En el comunicado remitido a La Noticia 1, indican que la decisión, que afecta a unos 1500 pacientes sin recursos, fue tomada debido a la falta a los reiterados reclamos de pago.
En sendas cartas documento enviadas a Santiago Ibarzabal, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a Pablo Atchabahian, responsable del Profe, los directivos de Cadra le piden una solución inmediata “para evitar consecuencias no deseadas”.
Darío Zapata, presidente de la confederación, precisó que el desfinanciamiento que sufren los centros de diálisis del país obedece a la “insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.
Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficiarios.
En el caso de las pácticas de diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados a los pacientes carenciados y les paga por los servicios, las sesiones y el traslado.
