"Dolomita": Elevan a juicio oral la causa contra el Intendente Zurro
En el marco de la causa conocida como "Dolomita", el fiscal Juan Martín Garriz pidió al juez a cargo del Juzgado Nº2 de Garantías de Trenque Lauquen, Federico Guillermo Palacios Córdoba, la elevación a juicio oral del caso contra el alcalde de Pehuajó, Pablo Zurro, acusado, junto a otros funcionarios, de administración fraudulenta.
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Las denuncias comenzaron en el 2006, cuando concejales de la UCR, en conjunto con sus pares de "Un compromiso por Pehuajó", detectaron anomalías en la compra de materiales para el arreglo de las calles de tierra de la ciudad y decidieron presentarse ante la Justicia para denunciar con carácter NN el supuesto pago de sobreprecios en la adquisición a granel del material calcáreo denominado "piedra dolomita".
Ya en el año 2010, el fiscal Garriz citó a declaración indagatoria a los entonces, y actuales, funcionarios municipales Víctor Gustavo Bolognesi (jefe de Compras), Pablo Javier Zurro (exsecretario de Servicio y actual intendente), Juan Carlos Mascheroni (exintendente) y Pedro Eugenio Ornat (contador municipal), además del proveedor municipal Héctor Antonio Avila.
La fiscalía les comunicó a los cinco que se encontraban imputados del delito de estafa y defraudación a la administración pública en forma reiterada.
El 12 de noviembre de 2012, Garriz formuló la requisitoria de citación a juicio, que en un cuerpo de sesenta hojas elevó al juez a cargo del Juzgado de Garantía N° 2 Departamental Trenque Lauquen, Gerardo Palacios Córdoba, por encontrarse la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) con suficientes módulos de prueba, dando así por acabado el sumario de la investigación, y pidió la elevación a juicio de lo investigado respecto de los imputados.
Según describe el fiscal, el hecho que se les inculpa es el pago de sobreprecios en la compra de más de 3.700.000 kilogramos de la mencionada piedra, y demuestra, con las pericias judiciales pertinentes, la simulación de compra del material en cuestión, por haberse usado la misma factura para Avila y otros proveedores en reiteradas oportunidades. Todas las anomalías descriptas fueron realizadas en el período febrero-julio del año 2005.
En la calificación legal, Garriz determinó que el hecho que se les muestra a los inculpados Bolognesi, Zurro, Mascheroni y Ornat establece el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, y el hecho que se le atribuye a Avila configura el delito de estafa. Conforme esta calificación de fraude y dolo en detrimento de la gestión estatal, son de competencia correccional, solicitando que el juzgamiento del presente caso se realice en el Juzgado Correccional Departamental.
