Duro Informe de la SIP sostiene que el Gobierno "censura, discrimina y acalla" a medios que "cuestionan el relato"
La Sociedad Interamericana de Prensa instó al Gobierno a dejar de "discriminar" a medios con su sistema de asignación de publicidad oficial y aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un método de "censura indirecta". Recomendó que el Congreso sancione una ley regulatoria de publicidad oficial. Concluyen que existe un "cepo publicitario", donde "se presiona a anunciantes privados para que no publiciten en medios independientes", que deriva de "la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".
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Tras una asamblea general en Denver (Colorado, EE.UU.), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un informe que asegura que "el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento" o "las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta a la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".
Por otra parte aprobó y emitió dos resoluciones relativas a Argentina.
La primera de ellas sostiene que "el Gobierno argentino sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables para no afectar a la libertad de expresión".
Por tanto, la SIP instó "al Gobierno argentino a que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos" y que deje de utilizar "los recursos públicos como sistema de premios y castigos".
Asimismo, recomendó al Congreso de la Nación la sanción de "una ley que, de acuerdo con estándares internacionales, regule la asignación de publicidad oficial", y advirtió que la presión también se ejerce sobre anunciantes privados mediante un "cepo publicitario", para que “se abstengan de pautar avisos en medios independientes".
En una segunda resolución, el organismo aseguró que desde que fue sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se incrementó el "proceso de control oficial de medios", y que dicha ley "entraña supuestos de censura indirecta y afecta la sustentabilidad de los medios privados" al tiempo que "favorece a las voces oficiales en desmedro de las restantes, y discrimina arbitrariamente entre distintos medios”.
De esta forma, reclamó "al Poder Ejecutivo de la Argentina el cese de las presiones al Poder Judicial, que amenazan el rol de este último como garantía de los derechos constitucionales" y exhortó a "evitar el uso de la Ley de Mercado de Capitales para intervenir y tomar el control de empresas de medios".
Además se expresó sobre el caso de Papel Prensa, pidiendo que el congreso "no otorgarle el control de la fabricación de papel de diario a los gobiernos de turno".
Por otra parte, la asamblea general de la SIP confeccionó una serie de informes que analizan la situación de la libertad de prensa en cada uno de los países del continente durante el último semestre.
En dicho informe, subrayó que en Argentina predominan "obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística" e hizo hincapié en "el boicot publicitario que sufren algunos medios, que constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas".
Afirmó además que "el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento" o "las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta a la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".