El Estado deberá brindar por ley información de sus actos a los ciudadanos
Este viernes entra en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, aprobada hace un año por amplia mayoría en el Congreso Nacional, que obliga a los tres poderes del Estado a informar a los ciudadanos sobre sus acciones.
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La ley se apoya en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y representantes cumplen sus funciones y el destino que le otorgan al dinero público.
En tanto, a partir de ahora cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, quienes deberán otorgar una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. Caso contario, el solicitante podrá efectuar el reclamo por vía administrativa y/o judicial.
"El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones", afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De igual manera, la Asamblea General de la OEA se mostró en varias ocasiones desde el año 2003 a favor de la apertura y transparencia de los estados.
