"El proyecto se fundamenta en el reclamo de sectores de la comunidad educativa frente a procedimientos arbitrarios y violentos que han llevado a cabo personal de fuerzas de seguridad dentro de establecimientos educativos", señaló Nazábal.
 
Asimismo, subrayó: "Es necesario regular estos ingresos para que los alumnos y alumnas, al igual que los y las docentes desarrollen las actividades académicas en un ambiente seguro y saludable, salvaguardando su integridad y respetando los derechos de las personas".
 
En tanto, en caso de ser necesario, la notificación debe ser cursada en forma inmediata al asesor o asesora de incapaces, y no se podrá portar armas o municiones letales dentro de las instalaciones.