En General Pueyrredón buscan aprobar un proyecto contra el nepotismo
Se trata de una iniciativa presentada en la última sesión del Concejo Deliberante local por el bloque de la Coalición Cívica. De convertirse en ley, hay penas tanto para quienes infrinjan la norma como para los que sean contratados en cualquier área del Municipio.
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Angélica González, concejal de Coalición Cívica del partido de General Pueyrredón, busca que se apruebe un proyecto de ordenanza para prohibir el nombramiento de parientes de funcionarios y concejales en la planta de personal del Municipio.
“Existe la necesidad de combatir, prohibir y sancionar al nepotismo en todos los estamentos del municipio de General Pueyrredon”, precisó.
Además, señaló que se pretende “evitar en el sector público del municipio de General Pueyrredon, a través de la prohibición, nombramiento de parientes consanguíneos, cónyuge y parientes por afinidad tanto del funcionario que tiene la facultad del nombramiento así como de aquél funcionario que tuviere a través de su cargo injerencia en la designación”.
La edil subrayó que “los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo funcionario público”.
Y agregó: “Es un caso especial de conflicto de intereses en la medida que se utilizan y distribuyen recursos del Estado en interés de unos pocos en detrimento del interés general, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública”.
En tanto, para quienes pasen por alto la norma el proyecto prevé sanciones como la inhabilitación para ejercer la función pública por hasta cinco años y la penalización de la persona contratada.
“El nepotismo dificulta que las entidades públicas puedan cumplir objetivamente con las funciones encomendadas y entorpece la formación de un funcionario profesional y competente. Es también una variante de clientelismo político con la que se persigue garantizar el control político del aparato municipal y resentir la obligación republicana de rendir cuentas”, enfatizó González.