Escándalo en Pinamar: Desalojan de viviendas sociales a hijas del Intendente Altieri
El desalojo fue dictaminado por el Instituto de la Vivienda. Debían ser ocupadas por habitantes carenciados. En el listado de personas desafectadas figuran las dos hijas del Intendente Blas Altieri y familiares de otros funcionarios municipales. El caso fue denunciado hace dos años pero la Justicia no actuó. Scioli le "soltaría la mano".
El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Gustavo Aguilera, dictaminó el desalojo de algunos propietarios de viviendas sociales en Pinamar, considerando que las mismas debían ser destinadas a otros habitantes de más bajos recursos.
Pero el escándalo fue desatado al darse a conocer la lista de postulantes desafectados al Plan Habitacional en los que figuran, Elena María y María Costanza Altieri, las dos hijas del actual Intendente de Pinamar, quienes ocupaban una vivienda destinada a vecinos carenciados del distrito. En la nómina también aparecen el nombre del hijo del Secretario de Servicios Urbanos Juan Alberto Morales, referente del peronismo local y familiares del exconcejal Aquiles Linfante.
De esta manera, la presentación judicial sacó al descubierto las irregularidades de las 25 viviendas del complejo social ubicado en la ciudad balnearia, de las cuales 22 fueron adjudicadas a personas que no calificaban para recibir asistencia.
En 2010, el abogado Lucas Ventoso denunció ante la Justicia al Intendente Blas Antonio Altieri por "asociación ilícita" al detectar que las viviendas estaban siendo ocupadas por las hijas del Jefe Comunal, una sobrina y familiares de otros funcionarios municipales.
A pesar de la presentación de la causa en la Justicia y la difusión que tuvo el tema a través del programa CQC de Telefé en 2011, la Justicia no tomó ninguna medida y hasta hace unos días, los acusados permanecían ocupando el complejo habitacional.
A raíz del escándalo, fuentes del kirchnerismo local expresaron al medio Nova de aquella ciudad, que el Gobernador Daniel Scioli, el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y la Procuradora General de la Corte Suprema, María del Carmen Falbo, podrían quitarle protección y "soltarle la mano" al Intendente.
