Scioli contra la Corte Suprema por las excarcelaciones
El Gobierno provincial se presentó ante la Justicia tras la decisión del máximo tribunal de suspender la vigencia de la Ley de Excarcelaciones. Para el Ejecutivo bonaerense, "se han excedido los límites de su jurisdicción" y corre "peligro la constitucionalidad".
El asesor general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Saúl Julián Arcuri, solicitó a la Corte que dicte la invalidez de la medida cautelar que dejó suspendida la Ley de Excarcelaciones por considerar que se afectaba el derecho a la eximición de prisión en determinadas ocasiones.
Para el letrado, el Poder Judicial no tiene participación en la sanción, modificación o derogación de las leyes, facultades en la que ubican a la medida cautelar que suspende la Ley de Excarcelaciones.
"El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires carece por regla de facultades constitucionales para crear, modificar, derogar o suspender la aplicación de las leyes vigentes. (…) Con esto va dicho que se presentaría una vulneración al principio de división de poderes (…)", afirma Arcuri en la presentación.
El asesor de Daniel Scioli rechazó los argumentos vertidos por organismos de Derechos Humanos sobre la afectación del derecho a la eximición de prisión y el otorgamiento de un mayor poder a la policía.
"La actuación en urgencia de la policía frente a la constatación de delitos de flagrancia que el estado en su conjunto tiene el deber de hacer cesar evitando consecuencias ulteriores", expresa su presentación.
