IOMA: Sugieren remover a funcionarios pertenecientes a UPCN y Suteba investigados por corrupción
Se trata de Patricia Nisenbaum y Luis Pérez, quienes están acusados de participar en estafas con internaciones domiciliarias y compra de prótesis y medicamentos. “"Las pruebas reunidas en el proceso penal podrían constituir elementos suficientes para disponer la remoción de los vocales directores”, señalaron.
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La Asesoría General de Gobierno aconsejó la suspensión de Patricia Nisenbaum y Luis Pérez, dos funcionarios del directorio de IOMA que son referentes de los gremios Suteba y UPCN, quienes son investigados por presuntos casos de estafas afiliados. En ese sentido, los vocales son acusados de participar en estafas con internaciones domiciliarias y compra de prótesis y medicamentos.
La recomendación fue brindada por Patricio Blanco Ilari, titular del organismo de control, a través de la presentación de un escrito días atrás en el que recomienda a la obra social del Estado separarlos de sus cargos por asegurar la "gravedad" de los hechos investigados, por lo que sugiere una "suspensión preventiva" de ambos.
"Las pruebas reunidas en el proceso penal podrían constituir elementos suficientes para disponer la remoción de los vocales directores, razón por la cual resulta razonable adoptar una medida precautoria y facilitar una investigación de rigor", afirmó.
Patricia Nisenbaum y Luis Pérez fueron procesados en octubre del 2017 junto a Antonia La Scaleia, extitular de IOMA en la gestión de Daniel Scioli, 14 directivos de la obra social y dos empresarios, en el marco de la causa que investiga estafas millonarias a través de fraudes con internaciones domiciliarias. Según la Justicia, estas maniobras representaron pérdidas por más de 650 millones de pesos en dos años.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), que encabeza Idelmar Seillant, que luego se anexó a la causa abierta a partir de la presentación de Elisa Carrió por presuntos casos de corrupción y lavado de activos en la gestión de Scioli.
