Jueces reclaman que “no se abuse de la institución del juicio político”
Por medio de un comunicado, un grupo de magistrados de San Isidro rechazó el uso del juicio político para cuestionar sentencias judiciales. Según argumentan, el jury no debe incidir en la decisión judicial adoptada, generando falsas expectativas en las víctimas.
Lo notificado por los jueces sanisidrenses y apoyado por la FAM y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, apunta a que no se acuda a la instancia de juicio político “por el desagrado por fallos dictados conforme a derecho”, habiendo además otras instancias mediante la cuales se puede intervenir una decisión.
Textualmente el texto emitido por los magistrados dice que “el sistema legal vigente en la Provincia de Buenos Aires confiere a quien considere que una resolución no es ajustada a derecho, la posibilidad de recurrir a una instancia superior por medio de recursos procesales”.
Asimismo, la nota explica que más allá de poder considerárselos erróneos, los fundamentos de una decisión judicial, en tanto encuentren sustento en la ley, no pueden ser materia de juicio político, puesto que “la instancia recursiva está prevista para corregir eventuales errores en el ejercicio de la función judicial o modificar decisiones en virtud de existir diversas interpretaciones jurídicas”.
Si bien el escrito aclara que no pretende ser una valoración respecto del caso Urbani, es claro que alude a una tendencia recurrente en estos tiempos, centrada en la interpelación de quienes dictamina. Por citar algunos casos: Faggionato Márquez por el desempeño en la causa del Triple Crimen y la ruta de la Efedrina, o el más reciente, impulsado por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri contra el Juez federal Norberto Oyarbide, por prevaricato.
Los magistrados firmantes del documento emitido, repudian que se propicie en forma ligera la promoción de un juicio político, “máxime cuando se pretende sustentar sobre la base de una decisión recurrible”, y remarca que cuando la medida proviene del Poder Estatal, afecta la división de poderes, “sustento del sistema republicano de gobierno”.
