La defensa de Scioli sostuvo que las acusaciones son “sospechas infundadas”
Así lo consideraron los abogados Alfredo J. M. Gascón y Miguel Ángel Molina, después de que le fiscal platense Álvaro Garganta pidiera llevar a juicio al exgobernador por irregularidades durante su gestión. Entre las denuncias figuran los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y por recibir dádivas.
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La defensa de Daniel Scioli emitió un comunicado sobre el pedido de juicio oral para el exgobernador de la Provincia involucrado en causas de corrupción en la instalación de las Unidades de Pronta Atención (UPA), durante su gestión.
“Resulta, a nuestro juicio, básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación”, aseguraron los abogados Alfredo J. M. Gascón y Miguel Ángel Molina sobre la solicitud del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.
Además de Scioli, fueron enviados a juicio oral otros exfuncionarios de la gestión del excandidato presidencial por el Frente para la Victoria.
Radio Mitre publicó el comunicado completo:
“En razón de las noticias de dominio público con respecto a la denuncia que tramita en la ciudad de La Plata y que tiene a nuestro defendido como uno de sus actores, aclaramos que el pedido de elevación a juicio que efectuara el fiscal Garganta no es más que una de las instancias del proceso, y que se encuentra sujeto a la revisión por las restantes partes, a resolución del Juez interviniente, y sometido todo a posteriores y eventuales recursos y nulidades que podrían presentarse.
Con respecto a la solicitud del Fiscal, afirmamos que resulta, a nuestro juicio básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación. Los pasos procesales que siguen ahora indican que este pedido deberá ser notificado a las partes.
En cuanto a nuestro defendido , a nuestro turno pediremos el sobreseimiento, por entender que es muy grave que se lo pretenda enjuiciar por sospechas infundadas. Nuestro defendido no ha cometido delito alguno, tal como lo demuestran las pruebas producidas en la causa; en especial aquellas que acreditan claramente que el en ningún momento existió conducta ilícita alguna. Es decir que no hubo negociaciones incompatibles, ni influencia indebida ni ningún otro hecho con relevancia penal.
Las Unidades de Pronta Atención (UPAs) absurdamente cuestionadas fueron completamente instaladas y contratadas conforme a los procedimientos legales, avaladas por todos los organismos de contralor previstos en la Constitución bonaerense e incluso internacionales, confirmándose en sede judicial que no existió perjuicio alguno al fisco provincial”.
