La Provincia denunció penalmente a empresas de transporte escolar
Tras el resultado arrojado por distintas auditorías, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense señaló que los transportistas, que prestaban servicio a través del organismo de Educación marplatense, cometieron los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. Se descubrió que no se cumplían las obligaciones contractuales, como así tampoco la totalidad de los recorridos o se efectuaban con menos vehículos que los establecidos por el reglamento.
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La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia denunció penalmente por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita contra los transportistas y/o empresas de transporte que prestaron servicio a través del Consejo Escolar de General Pueyrredón.
Según consta en la presentación publicada por el diario La Capital, el accionar ocurrió luego de lo arrojado por las diferentes auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios.
Tras las irregularidades descubiertas en la prestación del servicio, desde la autoridad bonaerense que señalaron que es “un claro incumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Contrataciones (decreto Ley 3.300/72, Ley 13767, modificatoria Ley 13981 con su decreto reglamentario 1300/16)”.
“Se constató la articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio, lo que podría implicar además un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva”, aseguró la Provincia.
Tras la investigación, además, se descubrió la existencia de contratos con transportistas que tienen como apoderados a una misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con los mismos choferes. También se encontraron facturas confeccionadas con una tipografía similar caligráfica.
Corroboraron desde el organismo, asimismo, que no se cumplían las obligaciones contractuales, como así tampoco la totalidad de los recorridos o se efectuaban con menos vehículos que los estipulados.
En total se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos, cuando en realidad se hacía que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos.
La denuncia penal también alcanza a los servicios prestados en otros distritos como Roque Pérez y Lincoln. Al igual que General Pueyrredon, contaban irregularidades contractuales y en las facturas emitidas.
