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    La provincia podría privatizar las cárceles

    La propuesta fue lanzada por el Senador Provincial Jorge D´Onofrio, y apunta a tercerizar el servicio penitenciario a fin de obtener más y mejores plazas para los reclusos. La idea ya fue implementada en otros países. Aquí algunas ventajas y desventajas de esas experiencias.

    18 de septiembre de 2010 | 13:16
    La provincia podría privatizar las cárceles

    Si bien aún no fue presentado de forma oficial, el proyecto que impulsa el legislador sanisidrense crearía, de aprobarse, un marco legal mediante el cual comenzarían a funcionar en la provincia cárceles a cargo de empresas privadas.

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    En varias declaraciones, D´Onofrio dijo explicó que actualmente existe un faltante que alcanza las 10 mil plazas en el servicio penitenciario, algo que sólo aceptaría como solución, según el senador, la inversión del privado.

    Concretamente, la empresa privada sería la encargada de construir y administrar la dependencia, en tanto que el Estado pagaría una cápita por cada interno, algo que abarataría los costos que destina el Ejecutivo a la mantención de los presos.

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    Las experiencias son varias y pueden encontrarse en distintos lugares del planeta. Tomando casos cercano podemos ver que en Chile el privado no sólo es el constructor y operador del establecimiento, sino que además tiene a cargo la alimentación, salud, higiene y el tratamiento de readaptación social de los internos, mientras Gendarmería de Chile realiza funciones de vigilancia, seguridad y administración del penal.

    En Brasil, por otro lado las experiencias demuestran un alto porcentaje de ocupación y recuperación de los presos mediante la ocupación de los internos en alguna actividad laboral. Algunos expertos aseguran que una prisión privada, al erradicar el tiempo ocioso evita tensiones entre prisioneros. 

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    Pero esto, que a priori parece un beneficio, es tildado por otros como un negocio entre firmas privadas que se aprovechan de la mano de obra carcelaria y, por tal, “muy barata”. Asimismo, esos detractores sostienen que el ahorro termina, a mediano plazo, transformándose en deudas para el Estado debido a que cada renovación contractual es una nueva atadura al empresario dueño de la cárcel.

    Lo cierto es que D´Onofrio manifestó que aún no fue presentado ningún proyecto, sino que “sólo abrimos la discusión sobre una alternativa que puede ser útil”, a lo que agregó que se ha recabado información a favor y en contra y “la pensamos volcar en la comisión de seguridad para ver si es viable en la provincia”.

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