Gualeguaychú y el día en que el Gobierno ordenó el desalojo de un corte de ruta por la fuerza
Ante el conflicto en Gualeguaychú, y tras anunciar que se iniciarán acciones legales contra quienes corten la ruta pero no se reprimirá, vale la pena recordar los antecedentes de por lo menos un caso en que el Gobierno hizo efectivo el uso de la fuerza pública para desalojar un corte de ruta. Fue durante el conflicto del campo, en la Ruta 9, cuando fueron detenidos 8 productores.
El conflicto con la pastera Botnia en Gualeguaychú pasó por diferentes etapas. Mientras el Presidente de Uruguay era Tabaré Vázquez, desde el kirchnerismo mantenían una férrea defensa del reclamo de los entrerrianos, con manifestaciones del propio Néstor Kirchner en relación a la "causa nacional" que significaba el tema en debate.
Hasta que la causa llegó al Tribunal de La Haya y el organismo internacional determinó que -aunque Uruguay incumplió el tratado internacional sobre el río homónimo- la contaminación hallada no está relacionada con la pastera.
El Tribunal internacional, por su parte, no emitió fallo respecto al corte de ruta, ya que no es un tema de su competencia. Sin embargo el el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en una especie de conferencia en la que no se permitieron preguntas, dieron a conocer la posición del Gobierno Nacional: "Haremos cumplir la orden judicial sin represión".
Se referían a un fallo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel, que ordenó disponer las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito en el puente binacional que une Fray Bentos con Gualeguaychú. Una resolución que quizá en otro momento hubiera sido apelada; no ahora, cuando el presidente ya no es Tabaré sino José Mujica, con quien la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene estrechas relaciones.
La decisión del gobierno nacional fue repudiada en Gualeguaychú con insultos al final del anuncio. Los asambleístas se niegan a levantar el corte a pesar de la decisión del gobierno de iniciar acciones legales contra quienes se mantengan en el paso fronterizo.
En ese marco, aparecen los anuncios de que "no se reprimirá" para liberar la ruta, bajo consignas que señalan que nunca se hizo tal cosa.
Tamañas manifestaciones suenan dudosas a la luz de por lo menos un antecedente que nadie parece recordar y que sucedió en pleno conflicto con el campo en la Ruta 9 a la altura de San Pedro.
EL 30 de mayo de 2008, personal de Prefectura intervino ante un grupo de ruralistas que mantenían cortes intermitentes. "Prefecturianos casi adolescentes los aplastaban (a los ruralistas) contra la tierra", narraba la crónica del semanrio La Opinión de esa ciudad, único medio que tuvo las fotos de ese momento y que aquí se reproducen.
La orden para desalojar la ruta durante los cortes de ruta que generaron desabastecimiento en las grandes ciudades provino directamente de Aníbal Fernández y estuvo a cargo del Fiscal Federal de San Nicolás Juan Patricio Murray. Tras esa jornada, los ruralistas protestaron en Theobald, a pocos kilómetros del límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, para salir de la jurisdicción del funcionario del juzgado.
Ocho productores agropecuarios fueron imputados en una causa por estrago y obstrucción de la ruta, ya que además de cortar la autovía se los acusaba de haber incendiado gomas sobre la cinta asfáltica.
La Fiscalía también había comenzado de oficio una causa por presuntos maltratos en la detención de los ruralistas, que luego fue archivada.
En el expediente 3207/08, se acumularon declaraciones de testigos y de los propios detenidos, que sumadas al material fotográfico aportado por los medios de comunicación y de un video filmado por la propia Prefectura, llevaron a que se descartara “en forma absoluta” - según el dictamen judicial - la existencia de maltrato por parte de la fuerza de seguridad y que el Juez Villafuerte Ruzo considerara que los hechos no “resultan constitutivos del delito de severidades o vejaciones”.
Los hechos de mayo de 2008 traen a la memoria dos cuestiones a considerar en el caso Gualeguaychú. Que las fuerzas de seguridad del Estado han desalojado por orden directa del Gobierno Nacional al menos una protesta con corte de ruta; y que la Justicia no hizo lugar a acusaciones sobre excesos en el uso de la fuerza que monopoliza ese mismo Estado.
En el caso Gualeguaychú habrá que ver si el Gobierno asume ese monopolio de la fuerza que detenta y cumple con lo dispuesto por la Justicia a pesar de las resistencias o encuentra caminos alternativos para hacer efectivo el desalojo.