Mediante un pedido de informes, el legislador precisó que "el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, mediante resolución 642/2014, ha determinado, una vez más, alojar personas privadas de su libertad en comisarías; no siendo estos lugares aptos para tal fin".

Y agregó: "Los 'cierres' de calabozos fueron anunciados como definitivos, en el marco de un plan de traspaso de personas detenidas, sin prisión preventiva, a Alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense, a los efectos de mejorar sus condiciones de detención por una parte y por otro lado, para reasignar policías a la tarea de prevención".

Por último, De Pietro expresó que estas medidas "atentan contra los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad y desvirtúan las funciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires".