Lo que destapó la inundación: Tumbas mellizas, certificados de defunción falsos y serias irregularidades en la morgue
La Justicia avaló la investigación de Arias. Son 89 las víctimas fatales y 16 casos dudosos como consecuencia de las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata. A partir de esta causa se abrió un abanico aterrador. Dos fosas para un mismo muerto, cadáveres amontonados sin investigación penal y causales de fallecimiento falaces. Prácticas de la dictadura, hoy.
-Por Laura Funes -
El pasado viernes, la Cámara de Apelaciones bonaerense en lo Contencioso Administrativo de La Plata reconoció el fallo del Juez Luis Arias, que determina 89 víctimas fatales y 16 casos dudosos como consecuencia de las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013.
A partir de esa causa, en la que se buscaba comprobar si en la morgue podía haber fallecidos a causa del temporal, se descubrieron ciertas y graves irregularidades. En el cementerio de la ciudad, por ejemplo, se encontraron dos tumbas con la misma identidad.
"Se pensó que podían ser víctimas de la inundación enterradas con nombres falsos. Se hizo la exhumación del cadáver, se hicieron pruebas de ADN y se descubrió que una correspondía a la identidad y la otra no. La otra, no es una víctima de la inundación, pero no se sabe quién es", aseguró Luis Arias a LaNoticia1.
Raúl Jaime Isla fue enterrado dos veces. Una, en enero de 2013 y la otra, en octubre de 2013. "El primero es el verdadero, el segundo es un falso Raúl Jaime Isla. Han tenido, evidentemente, la intención de ocultar la identidad, y por eso lo hacen con una identidad falsa. De lo contrario, podría haber sido enterrado como NN. Puede ocurrir, como hipótesis, que los desaparecidos en democracia puedan haber sido muertos y enterrados bajo una identidad falsa", indició el magistrado.
Otro de los casos más resonantes en la investigación es la de Juan Carlos García, cuyo cuerpo yacía en la vía pública el día después del temporal. La Policía lo llevó a una casa velatoria y la médica forense certificó que Juan Carlos murió de un carcinoma hepático cuando en realidad se ahogó en la calle.
La ingeniera en informática María Soledad Escobar, fue aceptada en calidad de amicus curiae -prestación de terceros al litigio que se ofrecen para colaborar con el tribunal- en la causa judicial que lleva adelante Arias.
Una vez que se destaparon las irregularidades en el cementerio de La Plata, se pasó a investigar el accionar de la morgue policial que funciona dentro de la necrópolis. Gendarmería Nacional realizó una serie de pericias, de las que Escobar fue testigo, donde se encontraron escalofriantes pruebas que permitieron abrir un abanico de causas judiciales que exceden la órbita de las víctimas de la inundación.
En marzo de este año, María Soledad hizo público lo que sus ojos vieron: "Muertos pudriéndose unos sobre otros, literalmente pegoteados, en 'heladeras' que no funcionan desde hace años, bebés y fetos entre perros. Era cada vez peor. Muertos, muchos, demasiados. La dignidad humana no termina cuando deja de latir un corazón. El derecho post-mortem existe y es un derecho humano avalado por la Declaración Universal de Derechos Humanos", escribió llena de angustia.
Desde que inició su participación en las causas, Escobar fue protagonista de numerosas intimidaciones, amenazas y aprietes.
La Comisión por la Memoria inició dos habeas data para que se trasparente la información que está en la morgue y los procedimientos vinculados a las prácticas de inscripción de las personas fallecidas.
La investigación aún continúa y es actual motivo de estudio. "Uno no puede escribir en el Registro Automotor un auto dos veces. Pero sí puede escribir un muerto dos veces. Todo lo que tiene que ver con la registración de la vida y de la muerte, que es allí donde se asientan en el registro de las personas, existen unos vacíos o irregularidades en las prácticas que pueden llevar a que haya dos muertos inscriptos en el Registro", expresó Arias.
Cada cinco años, las concesiones dentro del cementerio local deben ser renovadas. Si una familia no renueva dicha prestación, el cuerpo allí enterrado es transferido a un losario común donde pasa a ser "uno más del montón".
En esta línea, desde el Juzgado se requirió a las autoridades municipales que se identifiquen los restos de las personas que van a losario común y guardar así una muestra que permita analizar un ADN de esos restos. Recientemente, el concejal Gabriel Bruera presentó un proyecto de Ordenanza que receptó esta solicitud. La norma fue aprobada en el recinto y, a partir de ahora, los restos podrán ser identificados.
"Si a Jorge Julio López o Luciano Arruga, o cualquier otro, pasan 5 años de que lo pudieran haber enterrado con identidad falsa, nunca más se va a saber", se lamentó Arias.
La sentencia del magistrado en relación a la cantidad de víctimas de la inundación del 2 y 3 de abril abrió un abanico de causas judiciales que buscan visibilizar tanto las prácticas llevadas a cabo en el cementerio como en la morgue policial. Prácticas que se realizan desde la última dictadura militar hasta nuestros días.
