Mar del Plata: Denuncian que Pulti sorteó licencia para discapacitados
El bloque de concejales radicales aseguran que la licencia de taxi que el Gobierno otorgó como premio en un sorteo "correspondía a un discapacitado" que falleció, y cuya familia reclama.
La Municipalidad de General Pueyrredón sorteó un taxi en el marco de un plan de equidad tributaria que premia a los contribuyentes. Junto con el automóvil, viene la licencia N° 1168, que generó polémicas en la ciudad.
Esa licencia estaba asignada en el cupo reservado para discapacitados y el Ejecutivo la desafectó a través de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante para poder sortearla.
Los concejales del radicalismo Nicolás Maiorano y Maximiliano Abad difundieron un comunicado de prensa en la que denuncian que podría tratarse de "un caso de estafa", ya que "Pulti sorteó una licencia de taxi que su adjudicación correspondía a un discapacitado".
Denuncian que en una ordenanza especial queda estipulado que "estas licencias son intransferibles, excepto determinados casos, como ser en caso de fallecimiento donde sus descendientes directos tienen derechos a la misma, en este caso el hijo del Titular de la licencia desafectada está reclamando al municipio lo que le corresponde, y aun así, existiendo un reclamo sobre la misma, desobedeciendo las ordenanzas y la ley, el municipio llevó adelante su sorteo, estos es inaudito”.
Los herederos de quien fuera titular de esa licenia iniciaron un juicio para que se les transfiriera la titularidad. Los concejales sostienen que habría una "ilegitima situación" en la que "el municipio pretende disponer de un derecho que se encuentra controvertido, pudiendo perjudicar en este caso, a aquellos terceros que de buena fe, han sido participes de este sorteo y ganado el mismo, obteniendo una licencia viciada, y lo que es aún peor, poniendo al municipio entero en la posición de afrontar un juicio perdido, existiendo el ridículo que buscando aumentar la recaudación mediante este tipo de incentivos, el municipio sufra una pérdida económica de gran cuantía, por las irregularidades en las que llevo adelante ese incentivo".
Los ediles aseguran que "no sólo es un acto de irresponsabilidad total, sino que además se deberá determinar qué funcionarios han permitido que esto suceda”.
