Morón: Menores deberán pagar un resarcimiento por amenazas de bomba a escuelas
Tras cuatro allanamientos simultáneos en dos domicilios de Morón, uno de Haedo y otro de Hurlingham, se hallaron los cuatro teléfonos celulares desde donde se realizaron llamadasalertaron por falsas amenazas de bomba en las instituciones. Los acusado son en su mayoría menos y alumnosd de la escuela.
En los últimos días se registraron varios llamados al 911 en diferentes horarios donde se amenazó con la instalación de artefactos explosivos en el edificio del colegio Cristo Obrero de Haedo.
Ante cada llamado, el edificio debió ser evacuado y Brigada Antiexplosivos realizó rastrillajes para determinar si las amenazas eran reales. En todos los casos fueron descartados y se iniciaron las acciones para identificar a las personas.
Finalmente, en la mañana del viernes se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en dos domicilios de Morón, uno de Haedo y otro de Hurlingham se hallaron los cuatro teléfonos celulares desde donde se realizaron las llamadas. De acuerdo a los datos preliminares de la investigación, todos los involucrados serían menores y alumnos de la institución educativa.
En los últimos días se registraron varios llamados al 911 en diferentes horarios donde se amenazó con la instalación de artefactos explosivos en el edificio del colegio.
Ante cada llamado, el edificio debió ser evacuado y Brigada Antiexplosivos realizó rastrillajes para determinar si las amenazas eran reales. En todos los casos fueron descartados y se iniciaron las acciones para identificar a las personas.
El artículo 149 bis del Código Penal señala que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”. Sin embargo, al tratarse de menores se podrían dar otro tipo de sanciones accesorias que determinará oportunamente el Poder Judicial.
A los acusados se les exigirá el pago de un resarcimiento económico por los gastos ocasionados al Estado, correspondientes al procedimiento que se llevó a cabo.
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