Pedido de Jury por delitos de lesa humanidad contra el Fiscal Nieva Woodgate
La presentación la llevó a cabo Adolfo Pérez Esquivel como Presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia. Nieva Woodgate fue Juez Penal de Lomas de Zamora durante la dictadura, y como indica una resolución de la Suprema Corte bonaerense, existe la certeza de que todos los jueces de la Provincia conocían la existencia de desaparecidos e incluso colaboraban "disfrazando" la tramitación de los mismos.
Federico Guillermo Nieva Woodgate es actualmente Fiscal General del Departamento Judicial de Morón, quien ahora deberá enfrentarse a un juicio político a partir de una presentación realizada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
El Premio Nobel de la Paz solicita en la presentación a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento que "se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos presentados, se individualice los participes necesarios para garantizar la acusación judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados y consecuentemente, asuma el rol de denunciante y acusador de conformidad con lo establecido por la ley 13.661 y cctes".
A esto se agrega también contemplar la posibilidad de realizar el Jury de enjuiciamiento al Fiscal General de Morón, Federico G. Nieva Woodgate y a todo funcionario judicial que por acción y/o omisión hubiese garantizado la impunidad de los genocidas.
Específicamente, la acusación es "por hechos que lo vincularían a delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como Titular del Juzgado Penal Nro. 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora", explicó la justicia.
Así, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia decidió asumir el rol de acusador e impulsar el pedido de juicio político contra el Fiscal de Morón.
Durante la última dictadura militar, Nieva Woodgate fue Juez Penal de Lomas de Zamora, y como indica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, existe certeza de que todos los jueces bonaerenses sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos e incluso tramitaban la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de la libertad para evitar que libren los oficios correspondientes y eludir así acusaciones por delitos de lesa humanidad.
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