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    Pinamar: Interpelaron al Intendente Muriale tras la denuncia por trata de personas

    El Concejo Deliberante local le pidió explicaciones al alcalde interino a raíz de las denuncias sobre la ilegalidad de la venta ambulante de playa y la explotación laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Los ediles cargaron duramente contra el Intendente.

    28 de febrero de 2013 | 07:35
    Pinamar: Interpelaron al Intendente Muriale tras la denuncia por trata de personas

    La interpelación a Muriale duró poco más de dos horas, y según comunicó el Medio local Pinamar Info, el contador del Jefe Municipal no supo dar respuestas concretas sobres la dinámica administrativa que rige la venta ambulante y la debida fiscalización de los vendedores de playa.

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    Por su parte, el Concejal Vidauli presentó una documentación con fecha 14 de diciembre de 2012 que habilitaría a Martín Cigarreta en la compra de cuarenta permiso de ventas ambulante por la suma de 142.464 pesos. Esta irregularidad contradice el decreto, firmado el 13 de diciembre de 2012, por el propio Muriale que prohíbe la transferencia de permisos entre individuos. Así como el ejercicio de la actividad exige la certificación personal de cada vendedor, uniforme, libreta sanitaria, etc.  
     
    El alcalde exigió el sello de pago de la factura, que según él nunca se pagó porque no se adjuntó el listado de vendedores. Pero por otro lado explicó que muchas veces una sola persona paga varios permisos, porque los vendedores no están cargados en el sistema.
     
    La respuesta no satisfizo al edil del Acuerdo Cívico Radical, ya que la documentación en cuestión fue enviada por el Ejecutivo y estaba incompleta. En este sentido, Vidauli calificó irónicamente el hecho como "una extrañeza administrativa" ya que en contrapartida, sí figuraba el listado de vendedores de otro rubros.
     
    Muriale se comprometió a hacer las averiguaciones pertinentes a la vez que buscó evadir la mayoría de las respuestas con un discurso político sobre las necesidades y la determinación de prioridades dentro del Municipio. Vidauli lo acusó de hacer una interpretación y aplicación muy personal de la ley.
     
    Durante la sesión quedó al descubierto que un agente municipal del área de Fiscalización figura a la vez como titular del medidor de CALP para un puesto especifico de playa.
     
    A su vez, sobre el final, Porretti aclaró que estaba de acuerdo con sus pares sobre todo lo expuesto y que era evidente la desidia en los controles. Y enumeró una significativa cantidad de horas extras pagada al personal del área de Fiscalización.
     
    Por último, Muriale admitió: "Quizás nos equivocamos".
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