San Isidro: Investigan a Cristóbal López por instalación de casas de juegos de azar
Se trata de una causa contra el empresario kirchnerista, iniciada por los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro. La Corte remitió el expediente al juzgado de Garantías número uno de San Isidro. López fue denunciado por presuntas irregularidades en la instalación de salas de juego en la provincia.
La denuncia de los legisladores bonaerenses refiere a la compra del bingo de Los Polvorines por parte de López y a la posibilidad de trasladar esa sala a una localidad más rentable del norte del Conurbano.
A esto, se le suma la presunta violación de la norma contractual en perjuicio de una empresa, a raíz de la instalación de salas de bingo en el partido de Tigre, de Sergio Massa.
El procurador General adjunto, Luis González Warcalde, dio detalles de las denuncias, a las que se le suma también "una propuesta que le habría hecho (López) al Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, a cambio de desistir de la acción legal que había iniciado por aquella violación".
Los legisladores Juan Carlos Morán, Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro, expresaron en las denuncias que "las maniobras estarían encauzadas a la distribución del negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, entre las empresas privadas y el denunciado López".
A todo esto, señalaron, "se le suma la obtención de la habilitación para la instalación de tragamonedas en los hipódromos y agencias hípicas de la misma provincia, todo con la colaboración de autoridades del gobierno bonaerense e institutos provinciales".
Las Justicia Federal porteña y la ordinaria bonaerense, pujaban por un tema competencia sobre la investigación que finalmente desempató la Corte Suprema. El máximo tribunal pasó el expediente al Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, cuyo titular es el juez Ricardo José Costa.
El procurador manifestó en este setindo que no correspondía la actuación de la Justicia Federal "aún cuando se pudiere demostrar eventualmente que en estas maniobras -de ser delictivas- jueguen su influencia o se 'asocien' a sus beneficios, funcionarios nacionales".
La Corte con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, ordenó el traspaso a los fueros bonaerenses.
