Proyecto para regular acceso a la información pública
Lo impulsa la senadora Malena Baro (UCR) y abarca a todos los datos existentes sobre dependencias del Estado provincial, como así también de entidades privadas que tengan relación con éste. Prevé la creación de oficinas de acceso a esa información.
Baro señaló que “es muy importante que se tengan en cuenta este tipo de iniciativas que hacen a un mejor funcionamiento del Estado, transparentando sus acciones de gobierno y consolidando el sistema democrático”.
La propuesta será evaluada, en primer lugar, por el Senado bonaerense y contempla también información sobre las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como aquellas empresas e instituciones que tengan relación o reciban recursos de la misma provincia o los municipios, entre otros puntos.
“El acceso a esta información está garantizado por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno”, sostuvo la legisladora. Y agregó que “se trata de un saber que por ser público le corresponde a los ciudadanos, y para que esta premisa se cumpla es necesario el reconocimiento del derecho al libre acceso a la información administrada por el Estado”.
Claramente, la norma no revela la información cuando ésta “pueda amenazar efectivamente el interés público y divulgue, obstaculice o frustre las actividades de prevención o persecución de los delitos y del crimen organizado”.
En el mismo sentido, no se divulgarán datos de “sigilo bancario, secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos propiedad de terceros o del Estado, propiedad intelectual o información industrial o comercial, y cuando su divulgación ponga en riesgo las relaciones internacionales”, expresa el proyecto.
En cuanto a la accesibilidad de la información, el proyecto estipula crear oficinas denominadas de acceso a la Información Pública, que contendrán los antecedentes de cada organismo y también dependerán directamente de la máxima autoridad de cada entidad o jurisdicción.
El rol de estas oficinas será brindar y facilitar, el acceso a la información a las personas que así lo requieran, y otorgará un marco estricto de resguardo. Del mismo modo, también se estima un tiempo máximo de 30 días hábiles para la entrega de las solicitudes por parte de las autoridades de cada dependencia.
En la actualidad, ya rige en la provincia una ley de acceso a la información pública (N° 12.475), que con la firma de Carlos Ruckauf, está en vigencia desde agosto de 2000. Esta norma expresa que la información pública sólo será brindada si se puede demostrar un “interés legítimo”.
En 2004, el entonces gobernador Felipe Solá bajo el decreto N° 2.549 consignó “garantizar el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.
Regula puntualmente los procedimientos del ámbito del Poder Ejecutivo asegurando a toda persona el derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna.
En la actualidad ambas normas están vigentes con la correspondiente incompatibilidad.
