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    Trasladar presos sin autorización es inconstitucional

    Lo dispuso el Juez de Garantías marplatense Juan Francisco Tapia. La medida se da en el marco de una huelga de hambre que desde hace un mes llevan a cabo los detenidos. Un habeas corpus sobre la situación de un preso disparó un pedido de informe y la posterior resolución.

    24 de abril de 2010 | 14:48
    Trasladar presos sin autorización es inconstitucional

    El Juez de Garantías de Mar del Plata Juan Francisco Tapia determinó que el traslado de presos por parte del Servicio Penitenciario bonaerense sin autorización de la Justicia es inconstitucional.

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    De esta manera, el magistrado estipuló la ilegalidad de “la calesita”, procedimiento en el que las autoridades penitenciarias hacen trasladar a los detenidos de manera irregular por no contar con una orden judicial.

    La situación de un preso que había sido transferido a la Unidad 15 de Batán,  después de haber participado en una huelga de hambre en la Unidad 9 de La Plata, motivó el fallo. El Juez Tapia dio lugar a un habeas corpus presentado por el abogado Juan Pablo Gelemur (del Frente Antirrepresivo). Se expone en la presentación que “conforme lo informado por la Asociación Civil La Cantora, Jonathan Yubero Coria fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Batán sin autorización legal de ningún tipo, debido a una maniobra ilegal efectuada por el Servicio Penitenciario Bonaerense en represalia por plegarse a una huelga de hambre llevado a cabo por una gran cantidad de internos”. 

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    Sobre esta situación, Tapia consideró que "se están vulnerando tres derechos fundamentales: el derecho al control judicial de las condiciones de detención, el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia y el derecho a permanecer cerca de su familia".

    La resolución también menciona el apartado “Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” del informe del Comité contra Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, el que determina: “Al ser trasladados de unidad en unidad, los detenidos ven vulnerados su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho al vínculo familiar y su derecho a un trato igualitario (…) con los traslados constantes tienden a debilitarse los lazos familiares y sociales y hay una pérdida de objetos personales, de fondos personales, de historias clínicas y criminológicas, de informes médicos y papeles judiciales (…) una de las modalidades más graves de esta práctica conocida como calesita, se da cuando los internos permanecen desaparecidos por semanas enteras sin que nadie sepa dónde están alojados”.

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    Por último, se determinó informar a los Juzgados de Garantías, N°2 de Morón y N°1 de San Martín, a cuya disposición se encuentra el interno, para “que sean los jueces naturales, la autoridad que determine el lugar de alojamiento del sujeto privado de libertad”.

     

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