Comisión interamericana de Derechos Humanos exige garantizar seguridad en cárceles bonaerenses
La Cidh solicitó al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los presos en tres unidades penitenciarias de San Martín. La medida llegó a pedido del Cels tras los hechos de violencia registrados en esas cárceles. El viernes finalizaron las visitas sorpresa del Subcomité de Tortura de Naciones Unidas.
El Servicio Penitenciario Bonaerense está una vez más en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó una medida cautelar para exigir al Estado argentino protección para los presos de tres cárceles que están bajo esa órbita.
Se trata de las unidades penitenciarias 46, 47 y 48, ubicadas en el distrito de San Martín y bajo la égida del organismo provincial que conduce la abogada Florencia Piermarini y depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, que coordina Ricardo Casal.
La Cidh exige tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en esas cárceles, donde los episodios de violencia se reproducen constantemente, especialmente después de que presos de la UP 48 denunciaran que el personal los obligaba a salir a robar para ellos.
Esta intervención internacional llega luego de una solicitud realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que preside el periodista Horacio Verbitsky, y la Comisión Provincial por la Memoria (Cpm).
Ambas organizaciones señalaron que esta medida fue tomada por la Cidh en virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia, maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades a partir de denuncias efectuadas contra el SPB".
En un comunicado, el Cels y la Cpm consignaron que "de acuerdo con información oficial, los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20 por ciento durante el último año".
Desde que en marzo de 2011 llegó la denuncia contra las autoridades de la UP 48, "se registraron al menos 18 heridos", indicaron. En esas tres unidades penitenciarias hubo dos homicidios. Uno de ellos fue el de Patricio Barros Cisneros, asesinado a golpes por agentes del SPB frente a otros presos y su propia esposa, que estaba de visita.
El Cels y la Cpm pidieron "una intervención política decidida para generar nuevas formas de gobernabilidad que acaben con la circulación de armas, permitida por las autoridades del SPB" y la necesidad de "una reforma profunda" en ese servicio que "rompa las estructuras de negocios que se amparan en las lógicas violentas que sufren los detenidos".
En ese marco, el viernes finalizó una visita a cárceles y centros de detención que realizó el Subcomité para la prevención de la tortura de la ONU en territorio bonaerense, que cayó de sorpresa en varias unidades penitenciarias para constatar las condicipones de alojamiento de los presos.
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