Denunciaron al intendente Lunghi por presunto “bloqueo político” a un desarrollo inmobiliario en Tandil
El emprendimiento “Miradores de Montecristo” se judicializó. Acusan al jefe comunal de abuso de autoridad, tráfico de influencias y defraudación al Estado
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Una grave denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y varios particulares, a quienes se acusa de haber bloqueado de manera deliberada un emprendimiento inmobiliario aprobado décadas atrás. La causa quedó radicada en la UFI Nº 24 de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Ignacio Calonje.
La presentación fue realizada por los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove, junto al abogado Jorge Heter, quienes sostienen que el Municipio impidió el avance del proyecto “Miradores de Montecristo”, ubicado en la Chacra 274 de la zona de La Porteña, mediante decisiones administrativas arbitrarias, sin sustento técnico ni jurídico.
Según la denuncia, el loteo cuenta con un plano aprobado en 1946, previo a la actual normativa de ordenamiento territorial, lo que, según su postura, le otorga derechos adquiridos. Sin embargo, el Ejecutivo municipal habría frenado el emprendimiento a través de un “bloqueo político intencional” que incluyó negativas administrativas, demoras injustificadas y declaraciones públicas que perjudicaron el desarrollo del proyecto.
Uno de los puntos centrales del planteo es la supuesta existencia de una medida cautelar judicial, invocada públicamente por el intendente Lunghi para justificar la paralización de las obras. De acuerdo a la reconstrucción del medio local lavozdetandil, los denunciantes aseguran que dicha cautelar “nunca fue dictada ni notificada” y que su mención habría constituido una maniobra irregular que generó temor en potenciales compradores e inversores. En ese sentido, citan declaraciones del jefe comunal en Radio Tandil, donde afirmó: “Yo he pedido una cautelar. Hasta que no salga la resolución y se pongan de acuerdo no se puede hacer nada”.
La denuncia sostiene que el propio intendente había reconocido inicialmente la legalidad del loteo durante una reunión que fue grabada, aunque luego habría cambiado su postura. Por estos hechos, Lunghi es acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal.
El escrito también apunta con dureza contra el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, a quien se señala como el ejecutor directo del bloqueo administrativo. Entre las acusaciones figuran falsedad ideológica, por el envío de datos catastrales presuntamente falsos a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT); supresión de documento público, por la presunta retención y sustracción de fojas de un expediente administrativo; y arbitrariedad discriminatoria, al revocar la factibilidad eléctrica del predio por “orden política”, mientras se garantizaría el servicio a otros sectores.
La denuncia involucra a los particulares Luis Cerone y Esteban Andrés Fernández. Cerone es señalado como “instigador y beneficiario económico” de la maniobra. Según el relato judicial, audios incorporados a la causa revelarían que el expediente no avanzaba por su oposición. Más grave aún, los denunciantes afirman que Cerone habría exigido el pago de 500.000 dólares para “levantar el bloqueo” impuesto desde el ámbito municipal, lo que configura una acusación de extorsión.
En el escrito también se describe lo que los denunciantes denominan “la trampa tributaria”. Aseguran que el Municipio, tras liquidar y cobrar impuestos municipales lote por lote, activó un bloqueo coordinado. En ese sentido, se solicitó la “unificación” de la chacra para borrar los lotes recientemente reconocidos y, en el mismo día, la Usina Municipal negó la bajada de luz al predio.
La denuncia solicita la apertura de una investigación penal preparatoria, el secuestro de expedientes administrativos, la citación de los funcionarios y particulares involucrados, y la realización de auditorías sobre las decisiones adoptadas por el Municipio en relación con el desarrollo inmobiliario cuestionado.
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