Diputados aprobó la emergencia para empresas recuperadas: por cuánto tiempo se extiende la prórroga
La iniciativa legislativa suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos. Los alcances de la medida.
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La cámara baja bonaerense dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaría de las Empresas Recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Con la presencia de sus presidentes los diputados Fernanda Antonijevic, Héctor Rubén Eslaisman y Susana González, el martes 16 las comisiones de Asuntos Cooperativos y Vivienda, Legislación General, y Asuntos Constitucionales y Justicia realizaron una reunión conjunta en la que aprobó un dictamen mayoritario.
En concreto, dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.
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La iniciativa había sido presentada por la diputada con mandato cumplido, Patricia Cubría antes de dejar su banca en el 2023. La legisladora del Movimiento Evita había fijado el término de cinco años, sin embargo el punto fue discutido por la oposición y se acordó que la medida se extienda por 18 meses con posibilidad de prorrogarse por un año.
En tanto que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada Susana González aprobó un proyecto impulsado por las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso, además de otras 50 iniciativas que quedaron en condición de ser tratadas en el recinto.
La iniciativa de Alvado y Alonso, quienes participaron como informantes en la reunión, propone sustituir la tasa pasiva que actualmente se aplica en los juicios laborales para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El objetivo de esta norma es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo.
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