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    Diputados bonaerenses buscan limitar el cobro de deudas de bancos y fintech a las familias endeudadas

    La iniciativa propone una instancia de negociación obligatoria, topes para las cuotas y mecanismos para frenar ejecuciones contra hogares con dificultades financieras.

    4 de septiembre de 2026 | 13:20
    La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense,Facundo Tignanelli.
    La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense,Facundo Tignanelli.|PH: Internet

    Diputados bonaerenses de Fuerza Patria presentaron un proyecto de ley para crear un régimen destinado a prevenir y tratar el sobreendeudamiento de las familias de la provincia de Buenos Aires, con especial atención a las obligaciones contraídas con bancos, fintech, tarjetas de crédito y plataformas digitales.

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      La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, junto al defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, en una medida que se presenta como contrapunto a las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei en materia de préstamos digitales.

      El proyecto propone crear un "Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores", destinado a personas con domicilio en territorio bonaerense cuyos ingresos resulten insuficientes para afrontar regularmente sus compromisos.

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      El esquema incluiría deudas provenientes de préstamos bancarios y financieros, tarjetas de crédito, créditos personales, aplicaciones y plataformas digitales, además de facturas de servicios, telefonía, salud y educación.

      Una respuesta al avance de los préstamos digitales

      La presentación se produjo pocos días después de que el Banco Central habilitara una nueva herramienta vinculada con el cobro de préstamos digitales por parte de bancos y fintech.

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      En términos generales, la medida permite que una entidad pueda cobrar una cuota en una cuenta diferente de aquella en la que originalmente fue depositado el crédito.

      Frente a ese escenario, el peronismo bonaerense plantea un mecanismo destinado a fortalecer la posición de los consumidores que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos.

      "Hace tiempo que venimos trabajando con Guido Lorenzino para ver qué estrategia adoptar ante el nivel de endeudamiento que tienen las familias bonaerenses producto de la situación económica nacional", sostuvo Tignanelli.

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      El legislador afirmó además que "este Gobierno generó en los últimos años un nivel de endeudamiento como nunca existió" y aseguró que en La Matanza una de cada tres personas está endeudada para cubrir gastos corrientes de las familias.

      Mediación obligatoria antes de llegar a la Justicia

      Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una instancia prejudicial obligatoria y gratuita, que funcionaría bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

      De aprobarse, los acreedores no podrían iniciar una demanda judicial de cobro o ejecución sin atravesar previamente una instancia de mediación destinada a buscar un acuerdo con el deudor.

      La iniciativa también contempla la posibilidad de realizar una negociación colectiva de las deudas, de manera que una persona pueda reunir en un único procedimiento a todos sus acreedores.

      "Cuando uno analiza quiénes son los acreedores, encuentra que son 15 o 20 entidades entre bancos, las tarjetas bancarias y no bancarias, las aplicaciones y prestamistas. Queremos unificar la negociación", explicó Tignanelli.

      El objetivo, según el dirigente de La Cámpora, es evitar que cada familia tenga que negociar individualmente con cada empresa y generar una instancia donde el Estado pueda intervenir en condiciones más equilibradas.

      "Sabemos que si no hay un posicionamiento fuerte desde el Estado, a los bonaerenses de a uno las empresas lo van comiendo", afirmó.

      Qué pasaría si ya existe un juicio

      El proyecto también contempla a las personas que ya enfrentan procesos judiciales por sus deudas.

      Cuando exista un juicio de cobro en trámite, el juez podría suspenderlo durante un plazo de hasta 30 días hábiles, con la posibilidad de extenderlo por otros 30 días.

      Durante ese período se buscaría que las partes puedan alcanzar un acuerdo en la Defensoría del Pueblo. Además, se suspenderían las medidas de ejecución forzada de bienes mientras dure la negociación.

      La propuesta apunta así a generar una instancia de diálogo antes de que el proceso de endeudamiento termine afectando de manera irreversible el patrimonio de una familia.

      Cuotas con un límite del 30% de los ingresos

      Otro de los aspectos centrales del proyecto establece que las cuotas resultantes de una reestructuración no podrán superar el 30% de los ingresos netos mensuales del consumidor.

      Además, cualquier propuesta de refinanciación deberá incluir al menos dos de tres alternativas:

      • Ampliación de los plazos.
      • Reducción de la tasa de interés.
      • Quita total o parcial del capital adeudado.

      Los acuerdos que sean homologados judicialmente tendrán fuerza ejecutiva y, según la iniciativa, se extinguirán los conceptos que hayan sido condonados o reducidos.

      Una vez cancelada la deuda, los acreedores —incluidos bancos y fintech— deberán entregar una constancia al consumidor y solicitar la eliminación de la persona de los registros crediticios, como el Veraz, dentro de los cinco días hábiles.

      Reclamo contra el hostigamiento a familiares

      Lorenzino sostuvo que otro de los objetivos de la iniciativa es ponerle un límite a las prácticas de hostigamiento que, según afirmó, sufren algunas familias de personas endeudadas.

      "Queremos nivelar la balanza entre el acreedor y el deudor", explicó el defensor del Pueblo, quien destacó que actualmente la Defensoría interviene en estos casos de manera individual y que la propuesta busca darle escala a la negociación y representar de manera colectiva a los bonaerenses.

      El funcionario también anticipó una medida concreta contra las organizaciones acreedoras.

      "La hostilidad que tienen es una situación tremenda", afirmó Lorenzino, quien adelantó: "Vamos a enviar una carta documento a las 15 organizaciones acreedoras para que cesen con el hostigamiento a familiares del deudor".

      El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense. De avanzar, la Provincia tendría un régimen específico para intervenir frente al sobreendeudamiento de los consumidores y establecer reglas para la negociación con bancos, fintech y otros acreedores.

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