Dos detenidas acusadas de someter a explotación laboral a 13 menores en un hogar de Florencio Varela
La Justicia sospecha del encubrimiento de funcionarias de Niñez. Los obligaban a trabajos pesados, e incluso a privarlos de alimento como castigo así como dormir en el exterior.
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Las responsables del hogar “Nido de Águila”, ubicado en la zona de La Capilla, orientado para niños en situación de vulnerabilidad fueron detenidas acusadas de someter a los menores a condiciones de trabajo esclavo y privarlos de alimentos.
La causa también investiga el posible encubrimiento de funcionarias provinciales que habrían alertado a las imputadas sobre inspecciones judiciales.
Según la investigación judicial, al menos 13 chicos habrían sido obligados a realizar tareas pesadas durante largas jornadas, en condiciones extremas. Los menores eran obligados a realizar tareas físicas exigentes como preparar cemento, levantar maderas, piedras y otros materiales pesados. También debían juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos. También debían encargarse de limpiar la vivienda y cuidar a los animales del lugar.
La investigación está a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N°8 de Berazategui, quien imputó a las responsables del lugar por el delito de reducción a la servidumbre. Las detenciones se concretaron tras un allanamiento realizado por personal policial.
Esas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun bajo la lluvia o a la intemperie. Además, los chicos habrían sido privados de comida y, en algunos casos, expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío si se resistían a cumplir con las órdenes.
También se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al establecimiento. De acuerdo con la investigación, algunos de ellos incluso dormían junto a los perros del lugar.
La causa se inició a partir de la denuncia de un joven que había pasado por el hogar cuando era niño y que relató las condiciones en las que se vivía en el establecimiento.
Durante el operativo realizado en el predio, efectivos policiales secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la investigación. Además, todos los chicos presuntamente damnificados ya fueron identificados por los investigadores.
En paralelo, la Justicia investiga un posible encubrimiento agravado por parte de dos mujeres que se desempeñaban como funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza.
Según surge de la causa, ambas habrían utilizado información a la que accedían desde la Dirección Provincial de Coordinación de Servicios Zonales y Locales para advertir a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales. De acuerdo con la acusación, una de ellas habría enviado mensajes por WhatsApp alertando sobre un procedimiento previsto para el 26 de febrero, lo que habría permitido eliminar pruebas o modificar las condiciones del lugar antes de la llegada de los investigadores.
Los investigadores sospechan que esas filtraciones también permitieron trasladar a parte de los chicos que vivían allí. De hecho, durante el último allanamiento solo se encontraron cuatro menores en el hogar, quienes fueron inmediatamente derivados a otros dispositivos de cuidado.
Las dos responsables del hogar ya fueron indagadas por el fiscal Ichazo, pero se negaron a declarar. Permanecen detenidas mientras la Justicia analiza el pedido de excarcelación presentado por sus defensores y continúa investigando si hubo más personas involucradas en el caso, según publicó Zona Sur Diario.
Orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia
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