Echaron a policías de Villarino por declarar que vivían en Patagones para cobrar plus salarial por “zona desfavorable”
Asuntos Internos detectó que los agentes falsearon domicilios. La declaración jurada es un requisito para acceder al adicional.
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Ocho integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaban funciones en Villarino fueron cesanteados luego de que una investigación de Asuntos Internos determinara que habían presentado declaraciones juradas con domicilios falsos para cobrar un beneficio salarial que no les correspondía.
Según informó La Nueva, los agentes involucrados son los oficiales Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibáñez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.
La investigación comenzó en 2022, a partir de una denuncia anónima que involucraba a 24 funcionarios policiales. Sin embargo, durante el desarrollo del sumario se comprobó que ocho de ellos habían percibido de manera indebida el denominado "beneficio por zona desfavorable".
Declaraban domicilios que no eran reales
El mecanismo investigado consistía, de acuerdo con el expediente administrativo, en declarar domicilios de residencia en el partido de Carmen de Patagones, pese a que los efectivos no residían allí de manera permanente.
La declaración jurada es un requisito para acceder al adicional, que está destinado a los agentes que cumplen con las condiciones de residencia establecidas para las localidades ubicadas al sur del río Colorado.
El beneficio representa un ingreso adicional para los trabajadores que cumplen con los requisitos de residencia en esa zona, y que el porcentaje varía de acuerdo con la jerarquía del efectivo.
De esta manera, los ocho policías habrían cobrado durante varios años sumas superiores a las que les correspondían, a partir de información falsa consignada en documentación oficial.
Asuntos Internos habló de un acto de corrupción
Luego de analizar las pruebas reunidas durante el sumario, la Auditoría de Asuntos Internos resolvió aplicar a los ocho agentes la cesantía, una de las sanciones administrativas más graves dentro de la fuerza.
La medida implica la separación definitiva de la Policía, con la pérdida del empleo y de los derechos vinculados al cargo.
En su resolución, el organismo consideró que la conducta de los efectivos constituyó un modo de corrupción, debido a la utilización de declaraciones juradas con información presuntamente falsa para obtener un beneficio económico.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre el cobro de adicionales salariales vinculados a la residencia. En Carmen de Patagones, por ejemplo, el beneficio por zona desfavorable está asociado legalmente a la residencia permanente al sur del río Colorado.
También enfrentan una investigación penal
La sanción administrativa no es la única consecuencia para los ocho policías.
En paralelo, continúa una causa penal en la Fiscalía de Bahía Blanca, donde se investiga la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
De esta manera, los efectivos deberán afrontar dos vías diferentes: por un lado, la sanción disciplinaria que ya determinó su salida definitiva de la fuerza y, por otro, la investigación judicial que deberá establecer si existió responsabilidad penal por el dinero percibido mediante las declaraciones juradas cuestionadas.
El sumario administrativo había comenzado con una lista mucho más amplia de sospechosos, pero finalmente solo ocho casos quedaron acreditados para Asuntos Internos.
La investigación ahora tendrá su correlato en la Justicia, que deberá determinar el alcance de la maniobra y las eventuales responsabilidades penales de los exintegrantes de la Policía bonaerense.
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