El Gobierno activó la revisión de convenios colectivos y ATE denunció un intento de "quitar derechos"
La administración de Javier Milei comenzó a convocar formalmente a sindicatos y empleadores para renegociar convenios vencidos. Rodolfo Aguiar aseguró que la Secretaría de Trabajo se convirtió en "el brazo ejecutor del ajuste".
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Una nueva medida del Gobierno nacional abrió un frente de conflicto con los sindicatos. La administración de Javier Milei comenzó a notificar formalmente a las partes firmantes de convenios colectivos de trabajo para que inicien procesos de negociación, renegociación o ratificación de acuerdos vigentes, una decisión que generó una inmediata reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Así lo comunicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quién difundió en sus redes sociales una providencia emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, mediante la cual se pone en marcha el procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
"El Gobierno ahora convoca a renegociar convenios en el Estado. Se trata de un chantaje y una extorsión", afirmó Aguiar en un duro mensaje publicado en la red social X.
El dirigente sindical sostuvo que la convocatoria constituye una presión para que los trabajadores resignen derechos incorporados a los convenios colectivos y acusó al Ejecutivo de impulsar una política de "destrucción de derechos sociales" y de actuar con una lógica antisindical.
Qué dispuso el Gobierno
La providencia lleva la firma de Mara Ágata Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, y tiene fecha del 11 de junio de 2026.
El documento comunica a las partes el inicio del procedimiento de convocatoria previsto por la reforma laboral y las insta a comenzar las negociaciones correspondientes "en el marco de la buena fe negocial".
La medida se apoya en tres normas: el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, el artículo 6 de la Ley de Convenciones Colectivas N° 14.250 y el Decreto Reglamentario 407/2026.
Según el esquema establecido por la reforma, la autoridad laboral debe convocar a sindicatos y empleadores cuando los convenios colectivos tengan vencido su plazo de vigencia original, con el objetivo de que sean renegociados, actualizados o ratificados.
Por qué genera preocupación en los gremios
El punto que genera mayor resistencia sindical es que la nueva normativa busca terminar con un mecanismo que durante décadas permitió que muchos convenios colectivos siguieran vigentes aun después de haber vencido formalmente.
Hasta ahora, cuando un convenio llegaba a su fecha de vencimiento, sus cláusulas continuaban aplicándose automáticamente hasta que sindicatos y empleadores acordaran uno nuevo. Ese principio, conocido como "ultractividad", es considerado por los gremios una garantía para evitar la pérdida de derechos laborales.
La reforma impulsada por el Gobierno cambia esa lógica. Al convocar obligatoriamente a renegociar convenios vencidos, obliga a reabrir discusiones que en algunos casos permanecían prácticamente sin modificaciones desde hace décadas.
Para los sindicatos, el riesgo no pasa solamente por los salarios. La preocupación es que en esas nuevas mesas de negociación se discutan condiciones laborales que hoy forman parte de los convenios vigentes y que son consideradas derechos adquiridos por los trabajadores.
Entre los puntos que podrían quedar sujetos a revisión mencionan licencias especiales, días no laborables propios de determinadas actividades, sistemas de representación gremial dentro de los lugares de trabajo, aportes destinados al sostenimiento de los sindicatos y categorías laborales que regulan funciones específicas dentro de cada sector.
Los gremios sostienen que detrás de la convocatoria existe un intento de flexibilizar las relaciones laborales y adaptar convenios considerados antiguos a nuevas modalidades de trabajo, mientras que el Gobierno argumenta que la medida busca actualizar acuerdos que en muchos casos llevan años sin ser revisados y promover negociaciones colectivas acordes a las transformaciones del mercado laboral.
Por ese motivo, ATE fue una de las primeras organizaciones en reaccionar. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, denunció que la convocatoria constituye una presión para resignar derechos y aseguró que la Secretaría de Trabajo "se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional".
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