Endurecer penas por falsas denuncias en casos de violencia de género: “Estos proyectos provocarían más silencio”

La senadora provincial de Unión por la Patria, María Rosa Martínez, advirtió que el endurecimiento de penas por falsas denuncias podría tener un efecto contrario al buscado como desalentar a las víctimas a acudir a la Justicia. Según planteó, denunciar hechos de violencia, especialmente de género, sexual o infantil, ya implica atravesar procesos largos, dolorosos y revictimizantes. 

En ese contexto, consideró que el proyecto en discusión no solo es innecesario, sino que forma parte de una “construcción política” que profundiza obstáculos estructurales y pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos.

—¿Vos por qué considerás que es problemático un proyecto que busca endurecer este tipo de penas?

Porque es muy engorroso, muy difícil denunciar. Primero, por las dificultades de acceso a la justicia, y después por lo que significa poner en voz propia una situación que, en general, es de violencia de género, de violencia sexual, de abuso, de abuso infantil. Es muy doloroso.

De hecho, los estudios hablan de un 0,25% de estas situaciones. Entonces, creo que un proyecto de estas características lo que provocaría es mayor silencio. Tenemos corroborados casos de personas que han denunciado a su agresor y tardaron nueve años en obtener una definición de la justicia. Por lo tanto, durante todo ese proceso hay revictimizaciones y se revive una situación que no solo impacta en la persona afectada directamente, sino también en su entorno familiar y de amistades.

Es muy doloroso denunciar, es una exposición muy grande. Entonces, una ley de estas características lo que va a provocar, seguramente, es mayor silencio. No todas las violencias se denuncian. Hay personas que, cuando he estado en algunos lugares de gestión en el Ejecutivo, he escuchado situaciones de quince años sin denunciar violencias y abusos por parte de mujeres. Es casi una cronicidad de la situación.

Entonces, creo que poner una ley de estas características lo más probable es que genere silencio. Y la verdad es que las mujeres hemos estado silenciadas demasiado tiempo como para volver cien años atrás.

—Entonces, ¿vos creés que este proyecto responde a una necesidad real o es una construcción política del tema?

Creo que es una construcción política que intenta silenciar más que resolver un problema. No es un problema el de las falsas denuncias. Además, las falsas denuncias ya están penalizadas. Hay legalidad para eso; no se necesita hacer una ley especial con penas más graves para denuncias en contextos de violencia. Ya existe legislación.

—Decías que hay víctimas que no denuncian. ¿Esto a qué se debe?

Muchas veces a la exposición que implica una situación de estas características. Otras veces, al control que ejerce el victimario sobre la víctima. A veces, cuando la afectada es una mujer, trata de proteger a sus hijos y, mientras tanto, soporta, tolera, banca esas situaciones de violencia o abuso. Entonces, es difícil denunciar. No es un trámite sencillo.

Me parece que es una construcción política que sigue buscando penalizar a las víctimas y silenciarlas. Es horrible, porque la sensación es que las mujeres nos hemos convertido casi en un foco de desobediencia para un gobierno a nivel nacional que es tan autoritario.

—Desde tu postura han planteado que este tipo de iniciativas no aborda los obstáculos reales de acceso a la justicia. ¿Cuáles son esos obstáculos?

Mirá, hay muchos, de diversa índole. Incluso algunos son arquitectónicos: no encontrar el lugar donde tenés que denunciar. Pero, sobre todo, tienen que ver con los tiempos. A veces se llega a una denuncia, después hay que volver a plantearla, luego te atiende una persona que casi nunca es el juez, y el procedimiento es larguísimo. Nosotros hemos acompañado a víctimas que denunciaron por sus hijos y cuyos casos se extendieron durante nueve años. Con cámara Gesell, con pruebas, con peritos.

Otro tema que plantea esta ley, y que en la provincia de Buenos Aires se viene discutiendo en gremios y en la justicia, es que los ataques también alcanzan a los peritos. Entonces, muchos tienen temor de decir lo que ven o escribir lo que escuchan, porque también son atacados.

Todo esto entorpece el proceso más que agilizarlo. Creo que hay que lograr celeridad en la justicia. Es muy lenta, y cuando se vuelve tan lenta, casi produce una gran injusticia.

—Sí, bueno, incluso en los casos de violencia infantil, los chicos tienen que declarar. Es una situación muy traumática también.

Es horrible. Además, los abusos ocurren muchas veces con personas cercanas a la vida cotidiana y familiar de los chicos. Eso implica un desprendimiento muy doloroso. Los chicos declaran en cámara Gesell hasta tres o cuatro veces. Van a psicóloga, cuentan, reafirman, y muchas veces esos informes no son suficientes para el juez. Cuando hay padres muy poderosos, en términos de vínculos o posicionamiento, es aún más complicado.

Creo que hay que trabajar con una escucha que interprete, que se ponga en el lugar del otro y que, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, respete esa situación particular.

¿Por qué un chico tiene que declarar cinco veces? ¿Dónde se vio? Si ya lo grabaste, ya está esa declaración. Si no fue clara, se hace una vez más, pero no reiteradamente.

—¿Y qué diferencia hay entre una falsa denuncia y una denuncia que no puede ser probada?

Hay diferencias. Si la denuncia no puede ser probada, hay que verificar qué datos son comprobables y cuáles no, pero es otro tema. No se puede comparar la falta de prueba con una falsa denuncia. Muchas veces los abusos y la violencia ocurren en ámbitos de intimidad. Entonces, es la palabra de la víctima frente a la del agresor. También pasa en casos de violencia económica, cuando la mujer tiene que demostrar gastos sin tener siempre comprobantes.

—Sí, incluso en esos casos, ¿Qué herramientas existen?

En 2022, en un trabajo bastante interesante con el INDEC, se elaboró un índice de crianza que establece cuánto cuesta criar un hijo según su edad. Eso está actualizado y debería ser una orientación para los jueces en causas por alimentos. Debería funcionar como un parámetro, porque hoy hay bastante discrecionalidad al definir los montos.

Ese índice fue muy importante. El problema es que hoy hay una desvirtuación de muchos indicadores. Los salarios no alcanzan, hay multiempleo, hay empleo no registrado, pero aun así son referencias necesarias. No puede recaer únicamente en las mujeres la obligación de probar todos los costos de la vida cotidiana cuando eso ya está medido de manera estadística.

—Y de manera positiva, ¿Qué políticas podrían implementarse para mejorar el sistema?

Tiene que haber una transformación fuerte en la justicia. Venimos planteando hace tiempo una reforma judicial con perspectiva de género. Esto implica respeto, escucha, cercanía y aceleración de los procesos. Tenemos una legislación muy rica en este sentido. La ley nacional 26.485, con sus modificaciones, permite identificar distintas formas de violencia, especialmente la violencia sexual. También hubo avances con la violencia vicaria. El problema no es la falta de legislación, sino el funcionamiento de la justicia. Incluso hubo pedidos internacionales, como de la CEDAW, para que se retire este proyecto de ley, y parece que el gobierno no escucha. Me parece que el problema va por ahí.

—¿Qué mensaje darías a las víctimas que dudan si denunciar o no?

Creo que la denuncia pone luz, da pistas y da certezas de que la víctima es creíble, y eso la revaloriza y dignifica. Hay que denunciar. También hay que denunciar esta falsa ley, que lo único que hace es generar más silencio, porque no nos va a ayudar. La denuncia libera, deja en claro lo que pasó. Y creo que, más temprano que tarde, las mujeres lo sabemos, aunque sea costoso. Y, sobre todo, la fraternidad: estar cerca de las personas que denuncian, el acompañamiento es central. Eso es muy fuerte entre las mujeres y es un aliento importante a la hora de denunciar.

AUTOR

Ramiro Gómez

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