Escándalo en la Policía Vial De Colón: detuvieron al jefe y a ocho efectivos acusados de cobrar coimas millonarias
La causa detectó más de 300 transferencias realizadas por particulares y empresas. Según la pesquisa judicial, los policías amenazaban a las víctimas con infracciones, retención de documentación, secuestro de unidades e incluso causas penales.
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La Justicia bonaerense detuvo al jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y a otros ocho efectivos policiales acusados de integrar una presunta organización dedicada al cobro de coimas durante controles vehiculares realizados sobre la Ruta Nacional 8.
La investigación, encabezada por la fiscal Magdalena Brandt y el juez de Garantías César Solazzi, reveló un presunto esquema ilegal que habría funcionado entre enero de 2024 y noviembre de 2025, mediante el cual conductores, camioneros y empresas de transporte pagaban dinero para evitar multas, secuestros de vehículos o causas contravencionales.
Según la pesquisa judicial, los policías amenazaban a las víctimas con infracciones, retención de documentación, secuestro de unidades e incluso causas penales. Luego ofrecían “solucionar” la situación a cambio de transferencias bancarias.
La causa detectó más de 300 transferencias realizadas por particulares y empresas. De acuerdo al expediente, gran parte de los pagos iban a una cuenta del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, considerada por la fiscalía como uno de los ejes centrales de la maniobra investigada.
Posteriormente, el dinero habría sido redistribuido entre distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al jefe policial y otros integrantes de la estructura investigada.
Los investigadores detectaron movimientos millonarios. Según consta en la causa, algunos de los efectivos involucrados habrían recibido más de 23 millones de pesos en transferencias, además de otros pagos menores distribuidos dentro de la organización.
Uno de los hechos incorporados al expediente involucra a un camionero al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar sanciones. Finalmente, según la acusación judicial, terminó pagando 2 millones mediante distintas transferencias bancarias.
La fiscalía también encontró pagos relacionados con presuntas irregularidades en documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes y hasta tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
Ante la gravedad del caso, los nueve imputados fueron acusados por el delito de asociación ilícita. Además, la Justicia no descarta que la maniobra pueda extenderse a otras dependencias de Policía Vial de la región Junín y Carabelas.
En paralelo, la fiscal Brandt advirtió sobre posibles riesgos procesales y denunció que uno de los acusados habría intentado contactar a una de las víctimas con el objetivo de influir en su declaración.
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