General Rodríguez: Condenaron a dos concejales por agresiones al Intendente Kubar
La Justicia condenó a dos años y medio de prisión en suspenso por "instigación a cometer delitos" a los concejales de Unidad Ciudadana, Mauro Santiago García y Reynaldo Alberto. Fue por un episodio ocurrido en julio de 2016, cuando un grupo de personas agredió al intendente de Cambiemos con palos y piedras.
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A poco más de dos años de iniciada una causa por agresiones, la justicia penal de General Rodríguez condenó a los concejales de Unidad Ciudadana que agredieron al intendente de Cambiemos en un violento episodio registrado en 2016.
El hecho ocurrió el 13 de julio de 2016 tras la manifestación en contra del aumento en la tarifas encabezada por Unidad Ciudadana y organizaciones afines, en donde varios manifestantes agredieron con palos y piedras al jefe comunal Darío Kubar.
A través de un fallo de la Justicia dado a conocer en las últimas horas, los ediles kirchneristas Mauro Santiago García y Reynaldo Alberto fueron condenados a dos años y medio de prisión en suspenso por "instigación a cometer delitos".
Tras la decisión judicial, desde el Gobierno de Darío Kubar indicaron en un comunicado que "los objetivos de la gestión del municipio es erradicar la violencia institucional y reforzar la seguridad en la comuna para establecer una convivencia si agresiones".
El día de la agresión:
Cerca de un centenar de personas se reunió en las calles del centro de General Rodríguez para protestar contra los aumentos tarifarios del gobierno nacional. La movilización transitó algunas calles del distrito hasta que llegó a las puertas del municipio.
En ese momento salieron del edificio Darío Kubar y varios funcionarios. El Intendente resultó agredido con un piedrazo en el cuello que le provocó un corte. También terminaron heridos Lautaro Cuello, Agustín González Klanjnberg y Brenda Rocío Lucero.
El fallo de la Justicia:
El tribunal absolvió a Torres del delito de lesiones leves y amenazas contra Klajnberg, pero lo condenó, junto con García, a la pena de "dos años y seis meses de prisión, cuyo cumplimiento dejo en suspenso, con más el pago de las costas del proceso".
Además dispuso que durante el plazo de tres años Torres y García fijen residencia y se sometan al cuidado del Patronato de Liberados; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; y evitar "todo tipo de contacto conflictivo con las víctimas".
