Ituzaingó: un concejal libertario acompaña amparos contra el bloqueo de licencias por multas de tránsito
Hugo Equiza, edil de La Libertad Avanza, comenzó a acompañar reclamos judiciales de vecinos que buscan renovar el registro de conducir pese a tener infracciones. El planteo apunta al mecanismo que condiciona el trámite al pago de las multas.
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El debate por la renovación de las licencias de conducir cuando existen multas de tránsito impagas sumó un nuevo capítulo en Ituzaingó. El concejal de La Libertad Avanza Hugo Equiza comenzó a acompañar a vecinos que recurrieron a la Justicia para intentar evitar que las infracciones les impidan completar el trámite, según informó Primer Plano Online.
La iniciativa se suma a un proyecto impulsado por el bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, que propone que las deudas por multas de tránsito no puedan convertirse en un impedimento para renovar la licencia.
El planteo no cuestiona la posibilidad de que los municipios sancionen las infracciones ni reclama que las multas dejen de cobrarse. El eje está puesto en separar el pago de una infracción del derecho a renovar la licencia, especialmente cuando la multa todavía no se encuentra firme.
“Una cosa es el cobro de infracciones de tránsito, que muchas de ellas no están firmes, y otra es que te saquen el derecho de conducir”, sostuvo Equiza durante una entrevista en el programa Primer Plano, de Somos.
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Los amparos judiciales
Equiza contó que comenzó a involucrarse en el tema a partir de un caso particular y que ahora acompañará a otros vecinos en la presentación y tramitación de recursos de amparo ante la Justicia.
Según relató, uno de los vecinos había obtenido una resolución judicial favorable, pero aun así, sostuvo el concejal, desde el Municipio se habría mantenido el impedimento para entregar la licencia.
“Si corresponde que el vecino tenga que pagar las multas no hay ningún problema, no estamos en contra de eso, lo que sí decimos es que una cosa no te puede bloquear la otra”, afirmó.
El mecanismo cuestionado consiste en exigir la cancelación de determinadas infracciones como condición para avanzar con la renovación del registro. Se trata de una práctica que cuenta con respaldo normativo y antecedentes judiciales, aunque el planteo libertario busca discutir su aplicación y llevar el debate al ámbito provincial.
El argumento central es que el sistema puede generar una diferencia entre quienes tienen capacidad económica para pagar las multas y quienes no, aun cuando la infracción sea discutida o todavía no esté firme.
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