La familia de Úrsula Bahillo pide destituir a dos jueces que desestimaron sus denuncias
La familia de la joven de 18 años de Rojas asesinada por su expareja, reclamaron a un año de su femicidio. La víctima ya había denunciado a su agresor, pero no había tenido respuestas. "A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero", señaló la madre de la joven.
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18 veces fueron las que Úrsula Bahillo denunció a su ex novio, la última vez tre días antes de ser asesinada por él mismo. Sin embargo los jueces habían desestimado su denuncia y, a un año del crimen, allegados a la joven marcharon nuevamente en Rojas.
En las movilizaciones, la familia de la víctima pide por la destitución de dos jueces. "A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero, que si no hubiese pensado en sus vacaciones y hubiese tomado una medida inmediata de detención, hoy Úrsula estaría viva", aseguró a Télam Patricia Nasutti, madre de Úrsula.
Asimismo, apuntó al Juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari: "Si hubiese escuchado las denuncias que le hice al exnovio de mi hija, que rompía las perimetrales, hoy sería otro tema".
El autor del crimen de su hija, el policía comunal Matías Ezequiel Martínez (26), ya fue condenado y la familia ahora espera que se actúe con los jueces que no hicieron lugar a las advertencias previas.
Sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes".
"Para nosotros quedó claro que el juez no defendió a la víctima, demoró en dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado", aseguró a Télam Walter Martello, defensor adjunto bonaerense.
Patricia impulsó una petición mediante la organización Change.org con los siguientes objetivos:
- La necesidad de adoptar, ya sea en causas civiles o penales, medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares y de precisar las condiciones para su implementación en condiciones de seguridad para la víctima y su grupo familiar
- Adoptar medidas necesarias para la notificación de oficio a la persona denunciada de las medidas de protección dictadas, y el adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución.
- El deber reforzado de investigar y sancionar con la debida diligencia los hechos de violencia de género y de reparar a las víctimas
- La necesidad de corroborar la existencia de antecedentes de violencia y de valorar de forma integral los elementos probatorios y el contexto de violencia en que se circunscriben los hechos denunciados
- La forma de articularse con otros juzgados y organismos que estén interviniendo a raíz de los hechos de violencia de género o de hechos que guardan vinculación con ellos.
- Implementar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género de forma inmediata y urgente en toda la Provincia con los recursos y equipos necesarios para asegurar el acceso a justicia
- Implementar Fiscalías Especializadas en violencia de género en el ámbito del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires
- Implementar Oficinas de Violencia de género dentro del ámbito de las Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
- Implementar Juzgados especializados con competencia mixta civil y penal
- Asegurar en tiempo y forma la provisión de botones antipánico y otros dispositivos electrónicas de geolocalización (tobilleras electrónicas) para el efectivo cumplimiento de las medidas de restricción dictadas por autoridad judicial
- Promover la creación de un Registro Nacional de denuncias de violencia de género y seguimiento por equipos interdisciplinarios
- Integral, efectivo y eficiente cumplimiento de las leyes vigentes y políticas públicas efectivas para las víctimas
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